En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, y la inhabilitó de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de la exmandataria, quien había sido condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo marca un antes y un después en la política argentina: es la primera vez que una condena penal contra un expresidente alcanza sentencia firme. Aunque por su edad —tiene más de 70 años— no se activaría el cumplimiento efectivo de la prisión, la inhabilitación política es inmediata y definitiva, salvo que una futura revisión judicial o reforma legislativa altere el escenario.
Una causa emblemática
La causa investigó el direccionamiento de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz. Según el fallo, Cristina Kirchner fue responsable de haber permitido un esquema de corrupción que provocó un grave perjuicio económico al Estado nacional.
Los jueces del alto tribunal consideraron “inadmisibles” los planteos de nulidad y las objeciones sobre supuesta parcialidad, que había formulado su defensa. La sentencia había sido apelada bajo el argumento de que el proceso estuvo cargado de irregularidades y motivaciones políticas, algo que ahora fue definitivamente desestimado.
Impacto político inmediato
La decisión de la Corte no solo tiene implicancias judiciales, sino que también reconfigura el escenario político argentino de cara a las elecciones legislativas de 2025 y las presidenciales de 2027. Cristina Kirchner, una figura central del peronismo en las últimas dos décadas, queda formalmente fuera de toda posibilidad electoral.
Desde su entorno, aún no hubo declaraciones oficiales. Se espera que en las próximas horas la exvicepresidenta se pronuncie públicamente, probablemente a través de redes sociales o en algún acto partidario. En tanto, dirigentes de todo el arco político ya comenzaron a expresar sus posiciones, con una fuerte división entre quienes celebran el fallo como una reivindicación institucional y quienes lo denuncian como un acto de persecución judicial.
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