El expresidente estadounidense Donald Trump reinstaló un controvertido veto migratorio que impacta principalmente en países de África, Medio Oriente y América Latina. En total, doce naciones fueron incluidas en la lista negra con prohibiciones completas, mientras que otras siete enfrentan restricciones parciales.
La medida, argumentada en razones de “seguridad nacional”, retoma una de las políticas más polémicas del republicano, reviviendo el discurso que lo caracterizó desde su campaña presidencial en 2016. Trump citó entre sus motivos recientes amenazas terroristas, altos índices de personas que se quedan en el país tras el vencimiento de sus visas y la supuesta falta de cooperación de ciertos gobiernos extranjeros con las autoridades migratorias de EE.UU.
Los países con prohibición total
La lista completa incluye a Afganistán, Chad, Congo-Brazzaville, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. Entre los principales argumentos esgrimidos por la administración Trump se destacan los siguientes:
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Afganistán: Acusado de estar bajo el control de los talibanes, calificados como grupo terrorista por EE.UU. Trump también señaló deficiencias en la emisión de pasaportes y documentos civiles.
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Irán: Considerado históricamente por Washington como un Estado patrocinador del terrorismo. Se lo acusa de apoyar a grupos como Hezbollah y Hamas, y de negarse a recibir a sus ciudadanos deportados.
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Somalia y Libia: Identificados como refugios de grupos extremistas y con gobiernos incapaces de controlar su territorio o emitir documentación confiable. Somalia enfrenta además una amenaza interna de milicias islamistas.
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Haití: La Casa Blanca acusó al país caribeño de haber provocado un “ingreso masivo” de migrantes ilegales durante el gobierno de Joe Biden y de alimentar redes delictivas. También se señala una supuesta falta de autoridad central en temas de seguridad.
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Chad, Congo-Brazzaville y Guinea Ecuatorial: Aquí el foco estuvo puesto en las altas tasas de overstay —es decir, personas que permanecen en Estados Unidos tras vencer su visa—. Chad, por ejemplo, registró un 49,5% de permanencia irregular en 2023, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Myanmar (Birmania): Enfrenta restricciones similares por sobreestadía de sus ciudadanos y falta de cooperación para aceptar deportaciones.
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Eritrea, Sudán y Yemen: Estos países fueron señalados por su escasa capacidad para gestionar documentación oficial, por no compartir información criminal sobre sus ciudadanos y por negarse a aceptar repatriaciones. Yemen, además, es escenario de operaciones militares de EE.UU. en su lucha contra los rebeldes hutíes.
Restricciones parciales: otras siete naciones bajo la lupa
En un nivel intermedio, se impusieron restricciones limitadas a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
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Venezuela fue acusada de tener un sistema ineficaz de emisión de pasaportes y de negarse a recibir deportados. El gobierno de Caracas calificó la medida como parte de una política “supremacista”.
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Cuba, por su parte, fue nuevamente etiquetada como “Estado patrocinador del terrorismo” en 2021, una designación cuestionada por el gobierno cubano. También fue criticada por no aceptar ciudadanos expulsados.
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Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán compartieron el señalamiento por tener elevados índices de overstay, aunque menores que otros países que enfrentan sanciones más duras.
Un veto con antecedentes y críticas globales
Esta política no es nueva. En 2017, Trump ya había impulsado una versión inicial del veto migratorio, conocida popularmente como el Muslim Ban, por afectar principalmente a países de mayoría musulmana. En aquella oportunidad, la Corte Suprema de Estados Unidos terminó validando la medida.
La nueva versión presentada en 2025 amplía su alcance geográfico, incluyendo también a naciones del África subsahariana y del Caribe. Si bien Trump la justifica como una defensa frente a “amenazas externas”, numerosos organismos de derechos humanos y líderes internacionales han condenado estas decisiones como actos de discriminación sistemática.
En Argentina, organizaciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la comunidad haitiana residente en Buenos Aires han repudiado el decreto. Incluso desde Mar del Plata, referentes migrantes expresaron su preocupación por el impacto humanitario de estas políticas.
