El Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo el congelamiento de casi 45 millones de dólares en criptomonedas, en el marco de la causa que investiga el lanzamiento del token $LIBRA. La medida fue autorizada por la jueza federal María Servini, quien libró un exhorto internacional a Estados Unidos, en el contexto de una causa que podría derivar en cargos por estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, informó que el congelamiento solicitado alcanzó un total de 44.593.888,562 USDC (una criptomoneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense), detectados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. Esta dirección había sido identificada como receptora de fondos presuntamente derivados de maniobras ilícitas asociadas al token $LIBRA.
La medida fue requerida por Taiano junto al fiscal especializado en ciberdelincuencia Horacio Azzolin (UFECI), la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, María Fernanda Bergalli (SIFRAI), y María del Carmen Chena, responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El pedido fue presentado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, y el 3 de abril, la jueza Servini firmó un exhorto internacional dirigido a las autoridades competentes de los Estados Unidos, amparado en el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre ambos países y la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia.
En paralelo, el 7 de abril, la UFECI adelantó por correo electrónico la solicitud de congelamiento a la empresa Circle Internet Financial LLC, emisora del USDC. Sin embargo, el proceso internacional avanzó con cierta complejidad debido a nuevos requerimientos del Departamento de Justicia estadounidense, que solicitó información adicional antes de proceder con la inmovilización definitiva de los activos.
Antecedentes y vínculo con causas en EE.UU.
Cabe destacar que esta solicitud de congelamiento fue cursada por la justicia argentina dos meses antes de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, dispusiera el 27 de mayo la inmovilización de dos direcciones de USDC en el marco de las demandas colectivas iniciadas por inversores perjudicados por $LIBRA en Estados Unidos.
Estas demandas, de carácter civil, avanzan de manera paralela a la investigación penal en Argentina, que busca establecer responsabilidades penales locales en relación al diseño, promoción y comercialización del criptoactivo.
Los ejes de la investigación
La causa judicial abierta en febrero de 2025 en el fuero federal porteño procura establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento del token $LIBRA. Las sospechas apuntan a que se trató de una maniobra fraudulenta con posibles derivaciones en el plano político y empresarial.
Según fuentes judiciales, los delitos que se investigan incluyen:
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Estafa, por el presunto engaño a los compradores del token.
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Tráfico de influencias, por eventuales gestiones indebidas de funcionarios o allegados.
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Cohecho, es decir, el pago o recepción de sobornos.
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Abuso de autoridad, en caso de que hayan intervenido empleados públicos utilizando sus cargos en beneficio de la operatoria.
La investigación se tramita bajo los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, lo que implica una etapa preliminar orientada a la recolección de pruebas.
Cooperación internacional y estrategia de recuperación
El congelamiento de activos en criptomonedas marca un avance significativo en la cooperación internacional en casos de delitos económicos complejos y transnacionales. La articulación entre el Ministerio Público Fiscal argentino, el Ministerio de Justicia de la Nación y organismos estadounidenses refleja la creciente atención de las autoridades a las nuevas formas de lavado de dinero y fraude financiero mediante criptoactivos.
Desde la SIFRAI y la DGRADB se subrayó la importancia de asegurar los fondos antes de que estos puedan ser dispersados o convertidos, lo que dificultaría su eventual recuperación para las víctimas o el Estado argentino.
Próximos pasos
El expediente continúa bajo investigación, con medidas reservadas que incluyen el análisis de intercambios electrónicos, movimientos en la blockchain y presuntas vinculaciones con figuras del ámbito político y empresarial.
En tanto, desde la UFECI se sostiene que este tipo de casos representan un desafío para el derecho penal tradicional, debido a la velocidad con que operan los mercados cripto y la opacidad de ciertas transacciones. Por ese motivo, el trabajo conjunto con áreas especializadas resulta clave para desentrañar estructuras complejas que trascienden fronteras.
La causa $LIBRA promete convertirse en un caso testigo para el sistema judicial argentino, en un terreno hasta hace poco inexplorado por la jurisprudencia local: el delito económico en el ecosistema cripto
