En un contexto marcado por la venta de activos estratégicos del Estado, el Diputado Juan Marino ha presentado un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para rechazar la venta de las acciones de Transener S.A. que actualmente están en poder del Estado Nacional. La iniciativa, que se anticipó en diciembre del año pasado a través de una Carta Abierta, pone en evidencia lo que consideran una avanzada del gobierno hacia la privatización total de esta empresa de transporte eléctrico.
Una Amenaza a la Participación Estatal
Transener, una empresa clave en el transporte de energía eléctrica en Argentina, ha sido parte del sistema energético nacional desde su creación con los activos de SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica (AyEE), que fueron privatizadas durante la sanción de las leyes 23.696 (Reforma del Estado, 1989) y 24.065 (Desguace del Sistema Eléctrico Nacional, 1992). El proyecto de resolución denuncia que la venta de las acciones no solo afectaría al patrimonio estatal, sino también a la participación de la ANSES en la empresa a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Deuda Histórica con los Trabajadores
Uno de los puntos clave del proyecto de Marino es la deuda histórica del Estado con los trabajadores de las empresas privatizadas en los años 90. En particular, el Programa de Propiedad Participada (PPP) nunca cumplió su objetivo de beneficiar a los empleados activos al 16 de enero de 1992 con una participación accionaria en estas empresas. A más de tres décadas de la privatización, la deuda sigue vigente y no ha sido saldada.
El proyecto propone una solución a esta deuda mediante la creación de un fondo que utilice los beneficios generados por las acciones de Transener S.A. en manos de ENARSA, con el fin de saldar lo adeudado a los trabajadores de SEGBA, AyEE e Hidronor.
El Llamado a Proteger el Patrimonio Nacional
La resolución presentada por Marino no solo se opone a la venta de las acciones de Transener, sino que también subraya la importancia de proteger el patrimonio nacional. La privatización de empresas clave para el sistema energético podría significar un retroceso en términos de soberanía económica y energética para el país, según los impulsores del proyecto.
La propuesta busca defender tanto los intereses de los trabajadores afectados por la privatización como el control estatal sobre sectores estratégicos. Es una voz de alerta sobre los peligros de avanzar hacia un modelo que podría terminar despojando al Estado de activos esenciales para el bienestar colectivo.
El proyecto continúa siendo debatido en el Congreso Nacional, mientras que colectivos de ex trabajadores de SEGBA, AyEE e Hidronor se suman al rechazo y reclaman por la justicia histórica.
Para más detalles, el proyecto completo se encuentra disponible en este enlace.
