En la antesala de una nueva licitación clave para el sistema energético, la Coordinadora de ex trabajadores de SEGBA expresó su rechazo a la eventual privatización de Transener, la principal operadora de transporte de energía en alta tensión del país.
Según se informó, este martes 14 de abril se recibirán las ofertas para la subasta de las acciones que posee ENARSA en Citelec, movimiento que en términos concretos implicaría un nuevo avance del proceso de privatización.
Un debate que remite a los años 90
Desde el sector impulsor del rechazo, se recordó que Transener fue constituida con activos provenientes de empresas estatales históricas como SEGBA, Agua y Energía Eléctrica y Hidronor.
Ese proceso se dio en el marco de las privatizaciones de la década de 1990, impulsadas por las leyes 23.696 y 24.065 durante el gobierno de Carlos Menem, una etapa que los ex trabajadores califican como “de desguace del patrimonio estatal”.
Reclamos pendientes y cuestionamientos
Uno de los puntos centrales del planteo es la deuda histórica vinculada al Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía garantizar acciones a los trabajadores de las empresas privatizadas. Según sostienen, ese compromiso nunca fue cumplido en su totalidad.
Además, remarcan que Transener es una empresa rentable, que genera ingresos tanto para el Estado nacional como para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo que consideran que su venta “no tiene justificación económica ni patrimonial”.
Soberanía energética en discusión
El documento advierte que desprenderse de estas acciones implica resignar control sobre una infraestructura crítica para el desarrollo del país, con impacto directo en la soberanía energética.
“Protejamos el patrimonio nacional; no repitamos la estafa de los 90”, concluye el comunicado difundido por la Coordinadora, en un mensaje que vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en los servicios públicos estratégicos.
