Los ex empleados de SEGBA rompieron el silencio y alzaron la voz contra la decisión del gobierno de vender el 25,5% de las acciones de Transener, la empresa transportadora de energía eléctrica más importante del país.
Una empresa que nació del esfuerzo de todos
Transener no es una empresa más. Su origen está ligado a la privatización de empresas estatales como SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica (AyEE), en los años 90. En ese momento, con las leyes de Reforma del Estado, se desguazó el sistema eléctrico nacional. Lo que quedó de ese proceso es una empresa que, hasta hoy, genera ganancias al Estado nacional.
Sin embargo, la Secretaría de Energía anunció su intención de desprenderse del 25,5% de sus acciones, valuadas en 280 millones de dólares. Pero acá no se trata solo de números. Esas acciones también incluyen un 19,57% que pertenece a la ANSES. ¿Qué significa esto? Menos recursos para jubilaciones y prestaciones sociales, en un país donde esas ayudas son esenciales para millones de personas.
Una deuda que todavía no se pagó
Los trabajadores que pasaron por SEGBA, AyEE e Hidronor recuerdan bien las promesas del Programa de Propiedad Participada (PPP). Era simple: les prometieron que, al privatizar las empresas, ellos tendrían una participación accionaria. Esa promesa nunca se cumplió. Ahora, no solo sienten que los dejaron afuera, sino que ven cómo una parte del patrimonio nacional podría terminar en manos privadas.
“Que se pague lo que nos deben y se proteja lo que es de todos”
En su carta abierta, los ex empleados proponen una solución concreta: usar los beneficios que generan las acciones de Transener en poder de ENARSA para crear un fondo. Ese fondo, dicen, debería servir para saldar la deuda con los trabajadores y mantener las acciones en manos del Estado.
La venta de estas acciones no es solo un movimiento económico; es una decisión que afecta directamente a los argentinos, a los trabajadores que dieron todo por el país y a los jubilados que dependen de la ANSES.