El Congreso de Perú removió del cargo al presidente interino José Jerí apenas cuatro meses después de haber asumido, en medio de un escándalo por reuniones no declaradas con empresarios chinos.
La decisión se tomó mediante un mecanismo parlamentario de censura, que requiere mayoría simple, y no a través de un juicio político formal. De esta manera, Jerí se convirtió en el tercer mandatario consecutivo en ser desplazado del poder en el país andino.
El escándalo que precipitó la caída
La crisis se desató luego de que salieran a la luz imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Jerí reuniéndose fuera de agenda con el empresario chino Zhihua Yang, quien estaba bajo la lupa del gobierno.
En uno de los videos, el entonces presidente aparece ingresando por la noche, con capucha, a un restaurante vinculado al empresario. También participó en al menos uno de esos encuentros otro ciudadano chino que cumplía arresto domiciliario por presuntos vínculos con una red ilegal de madera.
La legislación peruana obliga al presidente a registrar todas sus actividades oficiales. Sin embargo, esas reuniones no figuraban en la agenda pública.
El caso fue bautizado por la prensa local como “Chifa-gate”, en alusión a los restaurantes de comida chino-peruana.
Jerí había pedido disculpas por los encuentros, aunque negó irregularidades y habló de una campaña para desprestigiarlo.
Más cuestionamientos y caída de imagen
La polémica creció cuando trascendió que varias mujeres habrían obtenido contratos estatales tras reuniones nocturnas en el Palacio de Gobierno. En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación por presuntos hechos de corrupción.
La presión política aumentó y su nivel de aprobación cayó con fuerza en las encuestas.
Jerí había llegado al poder tras la destitución de Dina Boluarte, quien fue removida en octubre pasado. No fue elegido por voto popular: asumió como titular del Congreso y, por línea sucesoria, tomó la presidencia.
Desde 2016, Perú ya tuvo siete presidentes, reflejo de una inestabilidad política crónica que mantiene en vilo al país.
Lo que viene
El Congreso deberá designar en las próximas horas a un nuevo mandatario interino que gobernará hasta las elecciones generales previstas para abril.
La destitución abre un nuevo capítulo de incertidumbre en un contexto marcado por protestas, denuncias de corrupción y reclamos sociales contra la clase política. La transición será breve, pero clave para intentar encauzar un sistema institucional que, en la última década, no logra estabilidad.
