Vecinos denuncian un avance inmobiliario sobre la primera línea de médanos del sur de la ciudad. Las obras, que contemplan ocho edificios de 14 metros de altura junto a la desembocadura del Arroyo Corrientes, avanzan mientras la Justicia mantiene sin resolver los pedidos para frenar el proyecto.
En la desembocadura del Arroyo Corrientes y el Océano Atlántico, sobre la primera línea de médanos de la zona sur de Mar del Plata, toneladas de hormigón ya cubren la arena. Allí se proyecta la construcción de ocho edificios de 14 metros de altura, una obra que mantiene en vilo a los vecinos del barrio Alfar y encendió las alarmas por su posible impacto ambiental sobre la Reserva Paseo Costanero Sur.
La Asamblea Playas del Sur presentó denuncias ante la Fiscalía N° 11 y el Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo para intentar frenar los trabajos. Según informaron fuentes de la organización a Radio 10 Mar del Plata, las maniobras comenzaron en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de la delimitación de la línea de ribera utilizada.
Los vecinos sostienen que esa demarcación estaba desactualizada y se apoyaba en un informe técnico que la Autoridad del Agua (ADA) elaboró en 2022, pero que nunca fue formalizado con fuerza normativa.
A las dudas técnicas se sumó la actuación municipal. La Dirección de Obras Privadas de General Pueyrredon otorgó el permiso de obra el 15 de julio de 2026, un mes después de que los camiones y las excavadoras comenzaran a remover la arena.
El permiso municipal estaba supeditado a la convalidación de la Ordenanza 25.848, un trámite provincial firmado por el ministro Carlos Bianco que recién se aprobó en octubre. De esta manera, durante más de 90 días, la firma privada avanzó con la excavación de un pozo de 800 metros cuadrados y seis metros de profundidad sin que estuviera concretada esa convalidación y sin intervención de los organismos de control, según la denuncia de los vecinos.
UNA BATALLA JUDICIAL QUE NO DETIENE LAS OBRAS
El conflicto ya no se limita a la playa. También se trasladó a los tribunales, donde el expediente acumula meses de demoras.
En junio de 2026, el juez de primera instancia Simón Isach condicionó el pedido de informe previo a la resolución de la medida cautelar al pago de la tasa y la sobretasa de justicia por parte de los amparistas.
Los vecinos apelaron en julio y sostuvieron que los procesos ambientales deben estar alcanzados por el principio de gratuidad, contemplado en la Constitución provincial y la Ley General del Ambiente.
La discusión procesal terminó paralizando las actuaciones. El expediente principal llegó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata el 16 de julio y permaneció allí durante tres meses sin una resolución.
Entre excusaciones de jueces, licencias e integraciones con magistrados de otras jurisdicciones, los pedidos de pronto despacho y las solicitudes de medidas interinas de no innovar no obtuvieron respuesta.
Finalmente, el 30 de octubre, la Cámara devolvió el expediente al juzgado de origen sin dictar una medida cautelar preventiva. Mientras tanto, los trabajos continuaron y el hormigón siguió avanzando sobre el terreno costero.
La preocupación de los vecinos también apunta a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, que todavía no habría definido la validación del informe técnico necesario para establecer de manera definitiva los límites del dominio público marítimo.
EL TEMOR A UN NUEVO NEGOCIO INMOBILIARIO SOBRE LA COSTA
Para los integrantes de la Asamblea Playas del Sur, lo que ocurre en la desembocadura del Arroyo Corrientes no es un hecho aislado. Consideran que podría tratarse del primer paso de un proceso de urbanización y avance inmobiliario sobre el frente marítimo sur de Mar del Plata.
Como antecedente, mencionan la no renovación del alquiler del predio donde funcionaba el Aquarium, cuyos terrenos quedaron vinculados a futuras posibilidades de desarrollo inmobiliario.
La advertencia de los asambleístas es contundente: si el proyecto de las ocho torres no se frena, podría sentar un precedente para nuevas construcciones sobre sectores naturales de la costa.
En medio de las denuncias, las demoras judiciales y los cuestionamientos a los permisos, la discusión de fondo sigue abierta: ¿quién controla lo que se construye sobre los médanos y quién garantiza que la costa de Mar del Plata siga siendo un espacio natural y de acceso público?
