De acuerdo con la investigación, al menos 80 mujeres fueron reportadas como desaparecidas desde febrero de 2025. La organización Syrian Feminist Lobby confirmó 26 casos de secuestro. La gran mayoría de las víctimas pertenecen a la comunidad alauita, una rama del islam chiita que representa alrededor del 10% de la población siria.
Los hechos se concentran principalmente en la provincia costera de Latakia, bastión histórico de esa minoría religiosa. En marzo de 2025, esa región fue escenario de una ola de violencia sectaria que dejó más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles alauitas, en medio de enfrentamientos y represalias tras ataques atribuidos a sectores vinculados al antiguo régimen.
Los testimonios recogidos describen secuestros a plena luz del día, traslados en vehículos sin identificación y cautiverios en habitaciones cerradas. Varias mujeres denunciaron haber sido golpeadas y abusadas sexualmente durante días. Algunas señalaron que sus captores se identificaron como miembros de fuerzas de seguridad.
Las víctimas que acudieron al Servicio General de Seguridad afirmaron que las investigaciones fueron insuficientes. En ciertos casos, denunciaron haber recibido respuestas burlonas o desinterés por parte de los funcionarios.
En noviembre, el Ministerio del Interior sirio informó que había investigado 42 denuncias de secuestros y sostuvo que, salvo un caso, no se trataba de raptos reales sino de fugas voluntarias, conflictos familiares o situaciones vinculadas a delitos comunes. Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por la BBC admitieron que sí existieron secuestros y que algunos involucraron a integrantes de las fuerzas, quienes habrían sido apartados.
La organización Amnesty International también reportó casos creíbles de al menos 36 mujeres y niñas alauitas secuestradas, algunas de apenas tres años. En la mayoría de los expedientes documentados, las familias no recibieron avances concretos sobre las investigaciones.
Activistas de derechos humanos advierten que el fenómeno responde tanto a un clima de impunidad como a una lógica de represalia contra una comunidad asociada históricamente al poder político. También señalan posibles motivaciones económicas y redes criminales detrás de algunos hechos.
Mientras tanto, al menos 16 mujeres continúan desaparecidas, según organizaciones civiles. Las sobrevivientes enfrentan no solo el trauma de la violencia, sino también el temor a represalias y el estigma social que suele rodear las denuncias de abuso en contextos conservadores.
