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Organizaciones ambientales denuncian “criminalización” de vecinos y apuntan contra una investigación por el Paseo Costanero Sur

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Las entidades convocaron para este martes 6 de octubre y cuestionaron el accionar de la Justicia en una causa vinculada con una Unidad Turística Fiscal. Sostienen que existen contradicciones entre testimonios y elementos objetivos incorporados al expediente. También denunciaron una falta de controles sobre la situación ambiental del frente costero.

El conflicto por el futuro del Paseo Costanero Sur vuelve a quedar en el centro de la escena. Organizaciones ambientales y territoriales de General Pueyrredon convocaron para este martes 6 de octubre y lanzaron fuertes cuestionamientos contra el avance de una investigación judicial que, según sostienen, terminó poniendo bajo la lupa a vecinos y personas que participan de la defensa del ambiente.

Desde el Observatorio Paseo Costanero Sur señalaron que la investigación llevada adelante por el fiscal Luis Alberto Ferreyra, titular de la UFI 12 de Usurpaciones, presenta inconsistencias que deberían ser revisadas.

En particular, las organizaciones aseguran que existen declaraciones testimoniales que serían contradictorias con informes elaborados por la DDI. Según plantearon, algunos de los hechos denunciados no habrían ocurrido como fueron relatados durante la investigación.

El comunicado es contundente: sostienen que no hubo rotura de una cadena, amenazas ni obstrucción a la Unidad Turística Fiscal. También afirman que la persona denunciada no se encontraba en el lugar durante los días en los que algunos testimonios aseguraron que había estado allí.

Para las organizaciones, el problema pasa por otro lado: cuestionan que esos testimonios, a los que califican de falsos, continúen teniendo peso dentro del expediente pese a la existencia —según su versión— de elementos objetivos que los contradicen.

“Todo falso. Sin pruebas objetivas pero lleno de declaraciones de parte que el fiscal no confronta con los hechos objetivos acreditados en la investigación”, expresaron.

La discusión judicial se mezcla, además, con un reclamo ambiental de mayor alcance.

Las organizaciones denuncian que mientras se avanza sobre vecinos y actores territoriales que defienden las playas, existiría una situación de deterioro y avance sobre el territorio costero que no tendría la misma respuesta por parte de los organismos estatales.

En ese sentido, apuntaron directamente contra las sociedades anónimas que desarrollan actividades en el sector y denunciaron que “depredan el Paseo Costanero Sur en la marginalidad de la ley”.

También cuestionaron al Ministerio Público Fiscal por lo que consideran una actuación desigual frente a las denuncias relacionadas con el territorio costero.

El reclamo no se limita a la causa judicial. Las organizaciones reivindicaron el derecho a participar en las discusiones vinculadas con el ambiente y recordaron que la protección ambiental cuenta con respaldo constitucional y con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos el Acuerdo de Escazú.

La convocatoria de este martes tendrá justamente ese eje: visibilizar lo que consideran una persecución contra quienes participan de la defensa del espacio costero y reclamar que las investigaciones judiciales respeten el debido proceso.

 

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