En una entrevista con Sueños y Sonidos, por Radio 10 Mar del Plata FM 105.5, la abogada María Soledad Arenaza cuestionó duramente el procedimiento que permitió avanzar con el emprendimiento inmobiliario en la zona sur. Habló de una reserva sin mensura, una línea de ribera desactualizada, dudas sobre el acceso a la playa pública y una medida cautelar que todavía espera respuesta. “El retardo en la Justicia lo que hace es que la Justicia sea ineficiente”, advirtió.
La discusión por el emprendimiento inmobiliario Reserva Explanada, en la zona de Alfar, tiene un frente que va mucho más allá de la cantidad de edificios proyectados. Lo que está en discusión es cómo se autorizó el desarrollo, qué información se utilizó para evaluar su impacto ambiental y si están suficientemente delimitados los terrenos públicos que rodean al predio.
En diálogo con Sueños y Sonidos, por Radio 10 Mar del Plata, la abogada María Soledad Arenaza, integrante del equipo legal que impulsa las acciones judiciales contra el emprendimiento, realizó una exposición detallada y dejó fuertes cuestionamientos al procedimiento municipal y a la demora en la respuesta judicial.
Uno de los pasajes más contundentes llegó cuando se refirió a las tareas realizadas en el terreno y a la medida cautelar que busca detener los trabajos.
“Ya hay una poda de la reserva que es irreparable. Ya hay un movimiento de suelo en la reserva que es irreparable”, afirmó.
Y agregó una preocupación que, según explicó, todavía no pudo ser despejada: “Estamos hablando de una zona que, además, posee un valor arqueológico, porque ahí está el sitio arqueológico Alfar”.
La abogada aclaró que desconocen cuál pudo haber sido la afectación concreta sobre ese patrimonio.
Una ordenanza particular para modificar los indicadores
Arenaza comenzó reconstruyendo cómo se originó el proyecto.
Según explicó, el emprendimiento impulsado por el empresario Matera, en representación del Fideicomiso Explanada, avanzó mediante una ordenanza particularizada que modificó los usos y los indicadores urbanísticos de un predio ubicado en el sector costero.
La profesional cuestionó que se haya utilizado ese mecanismo cuando, según su interpretación, el sector necesitaba previamente un plan de manejo integral.
En ese sentido, recordó que desde el área de Ordenamiento Territorial se había señalado la necesidad de contar con una regulación específica para el litoral marítimo.
Sin embargo, sostuvo que finalmente se avanzó con una norma particular en menos de dos meses.
“Le dieron una norma de uso y de indicadores para el sector”, señaló.
También cuestionó el momento en que se realizó la evaluación de impacto ambiental: la ciudadanía fue convocada a una audiencia pública cuando la ordenanza que modificaba los indicadores ya había sido aprobada.
Según su relato, más de 200 personas participaron de esa instancia y expresaron sus objeciones al proyecto.
Para Arenaza, la audiencia no permitió una discusión suficientemente profunda sobre las características del emprendimiento.
La reserva de todos los marplatenses y un límite que todavía no está definido
Uno de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con los límites del predio.
La abogada explicó que el terreno donde se proyecta el complejo tiene tres bordes vinculados con bienes de dominio público: la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, el arroyo Corrientes y el océano Atlántico.
Y planteó una situación que considera especialmente grave: la reserva todavía no cuenta con una mensura que determine oficialmente sus límites.
“Pasaron más de 30 años, no tenemos una mensura de lo que es la reserva de todos los marplatenses”, sostuvo.
La cuestión no es menor. Según explicó, esa delimitación resulta necesaria para establecer con precisión hasta dónde llega el terreno privado y dónde comienza el espacio público.
A esto se suman las restricciones vinculadas con el arroyo y la costa marítima.
Arenaza explicó que, según el Código de Aguas que invoca en su planteo, existe una restricción de 150 metros desde la línea de ribera del océano y otra de 30 metros desde el eje del cauce del arroyo.
Sin embargo, aseguró que no existe una delimitación actualizada que permita determinar con precisión cómo se aplican esas restricciones sobre el terreno.
La línea de ribera, otro de los puntos bajo cuestionamiento
La abogada puso especial énfasis en la antigüedad de la medición utilizada para evaluar el proyecto.
Según explicó, la línea de ribera tomada como referencia corresponde a una demarcación de 2012, que debía actualizarse en 2022.
Arenaza sostuvo que esa medición ya había requerido una revisión con información científica actualizada debido a las modificaciones experimentadas por la costa.
Sin embargo, cuestionó que la Municipalidad haya utilizado esa referencia para avanzar con la declaración de impacto ambiental.
“Lo que se debía hacer para hacer las cosas en orden, en regla, de manera legal, era solicitar una nueva medición a la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
La discusión tiene consecuencias directas sobre el acceso público a la playa.
La profesional advirtió que, sin una delimitación precisa, no se puede establecer con certeza qué superficie debe permanecer libre de construcciones permanentes.
“Quienes vamos a la playa cada vez vamos a tener un espacio más reducido”, planteó al explicar los riesgos que, a su entender, podría generar el avance del emprendimiento.
La medida cautelar y el cuestionamiento al costo de acceder a la Justicia
Otro de los momentos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el expediente judicial.
Arenaza explicó que la demanda busca cuestionar la declaración de impacto ambiental y obtener una medida de no innovar para detener el avance de los trabajos mientras se resuelven las cuestiones planteadas.
Pero aseguró que la discusión quedó condicionada por un requerimiento económico.
Según relató, el juez interviniente entendió que la Asamblea debía abonar una tasa y una sobretasa de Justicia para avanzar en el análisis de la medida cautelar.
La abogada cuestionó ese criterio y sostuvo que contradice los principios de acceso a la Justicia en materia ambiental.
“La realidad es que toda la Justicia ambiental, no de primeras instancias, sino de Corte tanto en provincia como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han reiterado en innumerables pronunciamientos de que la Justicia ambiental no debería tener obstáculos del tipo económico”, manifestó.
También apuntó contra el Estado por la situación que atraviesan los vecinos y las organizaciones que impulsan el reclamo.
“Estamos hablando de gente que tiene que detener un montón de cosas que tiene que hacer en su vida cotidiana para ocuparse de defender un bien común, porque el Estado, que es quien debería hacerlo, no lo hace”.
Ocho, nueve edificios y una pregunta que sigue abierta
La cantidad y la ubicación definitiva de las construcciones también forman parte de los cuestionamientos.
Arenaza recordó que la propuesta inicial contemplaba nueve edificios con una restricción costera de 100 metros.
Posteriormente, según su explicación, la Autoridad del Agua indicó que la distancia debía ser de 150 metros.
La abogada cuestionó que, frente a ese cambio, no se hubiera exigido una nueva presentación detallada que permitiera conocer cómo quedaría conformado el proyecto.
“Ni vos, ni yo, ni ninguna de las personas que fuimos a la audiencia pública conocemos cuál es ese proyecto”, sostuvo.
Y agregó: “Yo al día de hoy no te puedo decir si ese proyecto consta de nueve edificios, de ocho, de siete, de seis, ni tampoco dónde están ubicados”.
Para Arenaza, esa falta de precisión constituye uno de los principales problemas de la evaluación ambiental.
“Acá básicamente se autorizó de manera genérica un proyecto”, afirmó.
La abogada también mencionó el precedente judicial conocido como Mamani, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para sostener que una evaluación ambiental debe estar respaldada por información concreta y detallada.
La advertencia sobre los compradores
La preocupación expuesta en la entrevista no se limita al ambiente y al patrimonio público.
Arenaza también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la comercialización de unidades mientras existe una demanda judicial que cuestiona la autorización ambiental.
Según explicó, el emprendimiento había comenzado a publicitarse y comercializarse antes de contar con la declaración de impacto ambiental.
“Esto no solamente tiene que ver con la protección del ambiente, sino también con proteger a terceras personas de buena fe que pueden eventualmente adquirir departamentos en este emprendimiento y no tienen ni idea de que hay una medida judicial en curso”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la acción también busca evitar operaciones inmobiliarias en un contexto de incertidumbre sobre la legalidad del proyecto.
“El retardo en la Justicia lo que hace es que la Justicia sea ineficiente”
En el cierre de la entrevista, Arenaza volvió sobre el objetivo de la presentación judicial.
Aclaró que la demanda no sostiene simplemente que los edificios estén mal ubicados, sino que reclama información actualizada y límites claramente establecidos antes de determinar si las construcciones pueden realizarse.
“Primero actualicemos la información, primero definamos cuáles son los bordes y después evaluamos dónde van esos edificios, cuántos son y si se pueden hacer”, explicó.
Y dejó una frase que resume su cuestionamiento al funcionamiento del proceso judicial:
“El retardo en la Justicia lo que hace es que la Justicia sea ineficiente”.
La abogada insistió en que el objetivo original fue preventivo y que la demora puede terminar dejando sin efecto práctico una eventual decisión favorable.
“Ya hay daños que son irreversibles”, reiteró.
La entrevista dejó planteado un conflicto que involucra al Municipio, a la Provincia, al emprendimiento privado y a la Justicia. Mientras se discute la legalidad de las autorizaciones y el alcance de las restricciones ambientales, la pregunta que permanece abierta es quién garantiza que la reserva, el arroyo y el acceso público a la costa no terminen afectados antes de que exista una resolución judicial.
