La organización operaba desde un penal de Mendoza y llegó a sacarle 2 millones de pesos a una víctima de Chubut con amenazas y documentación falsa.
La Policía Federal Argentina desarticuló una banda dedicada a la modalidad conocida como “sextorsión”, en el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el delito complejo y las estafas virtuales. La investigación permitió establecer que parte de la maniobra se coordinaba desde el interior de una cárcel mendocina.
La causa se inició en noviembre de 2025, tras una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, en Chubut. La víctima, un vecino de Cholila, fue contactado por Facebook por una mujer que se hacía llamar “Carla”. Luego de intercambiar mensajes e imágenes por WhatsApp, la supuesta joven aseguró ser menor de edad y cortó la comunicación.
Poco después, un hombre que dijo ser el padre de la adolescente comenzó a exigir dinero bajo la amenaza de denunciarlo. Argumentó que su hija habría intentado quitarse la vida y que necesitaba tratamiento psicológico urgente. A esa presión se sumaron personas que se presentaron como abogados e incluso como un fiscal, quienes enviaron documentación apócrifa, entre ella un supuesto amparo por “ciberacoso” y hasta un acta de defunción en la que aseguraban que la joven se había suicidado.
Acorralado por las amenazas, el damnificado realizó varias transferencias por un total de 2 millones de pesos.
La investigación quedó en manos del Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial de Lago Puelo, a cargo de la jueza Silvana Cecilia Vélez, que ordenó a la División Unidad Operativa Esquel de la PFA avanzar con las tareas investigativas.
Tras el análisis de movimientos bancarios y tareas de campo, los efectivos lograron reconstruir la ruta del dinero. Así determinaron que los fondos eran derivados a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, señalado como presunto organizador de la maniobra.
Además, se identificó un domicilio en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde residirían otros dos integrantes de la banda.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos que se realizaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza. Durante los procedimientos se identificó y notificó de la causa a los investigados, todos argentinos y mayores de edad. También se secuestraron dos notebooks, ocho teléfonos celulares y documentación de interés.
Los elementos quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de la causa caratulada “Extorsión”.
