La Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió una medida cautelar y ordenó la suspensión de varios artículos del Decreto 70/2023, así como de sus resoluciones reglamentarias, que permitían la venta de medicamentos de venta libre —como analgésicos y antiácidos— fuera del ámbito de las farmacias.
La decisión judicial se enmarca en la causa iniciada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), entidades que en diciembre pasado promovieron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU impulsado por el Gobierno nacional. Ambas organizaciones advirtieron sobre la “mercantilización” de la salud y denunciaron que diversas disposiciones oficiales afectaban tanto a los profesionales farmacéuticos como a los pacientes.
Al conceder la medida cautelar, la Cámara sostuvo que “es justamente el interés público (artículo 13, inciso d, de la Ley 26.854) el que queda debidamente resguardado”, ya que la suspensión provisoria “tiende simultáneamente a tutelar los derechos de la parte actora relativos al ejercicio de la profesión y, especialmente, a garantizar la tutela del derecho a la salud de la población”.
Asimismo, los jueces advirtieron sobre “los evidentes efectos adversos que podría provocar la aplicación de las previsiones contenidas en el DNU que fueron impugnadas, especialmente en lo que se refiere a la dispensación de medicamentos, aun cuando sean de ‘venta libre’, sin el debido control”.
La resolución de la Cámara revierte lo dispuesto en primera instancia por el juez Santiago Carrillo, quien había rechazado el planteo de COFA y FEFARA argumentando que las entidades no contaban con legitimación activa y que no existía un “caso judicial” concreto que habilitara su intervención.
En cambio, los camaristas de la Sala I, en línea con el dictamen del fiscal Fernando Cuesta, reconocieron la legitimación de las asociaciones profesionales para promover la acción, considerando que la normativa en cuestión afecta de manera directa sus intereses y los de la sociedad en su conjunto.
Cabe recordar que el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei en el inicio de su mandato, generó un amplio debate público y fue objeto de numerosas impugnaciones en los tribunales. Entre otros puntos, el decreto buscaba flexibilizar la regulación de múltiples sectores de la economía, incluida la venta de medicamentos, con el argumento de fomentar la competencia y reducir costos para los consumidores.
Esta decisión judicial, que prioriza la protección del derecho a la salud por sobre criterios estrictamente comerciales, representa un nuevo revés para el oficialismo en su intento de avanzar con reformas estructurales vía decreto.
