La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó frenar la deportación de un grupo de venezolanos acusados de integrar bandas criminales, que se encontraban detenidos en el norte de Texas bajo una vieja ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
La medida responde a una demanda presentada por una organización de derechos civiles, que denunció que los detenidos no tuvieron oportunidad de defenderse ante la justicia.
El gobierno de Donald Trump había enviado a algunos de estos venezolanos a la megacárcel de El Salvador conocida como CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), amparándose en la Alien Enemies Act de 1798, una ley que permite al presidente ordenar la detención y deportación de personas oriundas de países considerados “enemigos” sin respetar los procesos judiciales habituales.
Esta norma había sido usada solo tres veces antes, todas durante guerras. La última vez fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas de origen japonés fueron internadas sin juicio previo.
Desde que asumió nuevamente en enero, Trump viene enfrentando varios obstáculos legales por sus políticas migratorias extremas. En este caso, justificó la medida acusando a la banda criminal venezolana Tren de Aragua de estar “perpetrando, intentando o amenazando con una invasión o incursión depredadora” en suelo estadounidense.
Según un funcionario de alto rango, hasta el 8 de abril ya se habían deportado 261 venezolanos a El Salvador, de los cuales 137 fueron expulsados bajo la Alien Enemies Act, informó CBS News, socio estadounidense de la BBC.
Una corte inferior ya había frenado temporalmente estas deportaciones el 15 de marzo. Luego, el 8 de abril, la Corte Suprema falló a favor del uso de esta ley por parte de Trump, pero exigió que los deportados tengan la posibilidad de apelar la decisión.
La última presentación judicial, que motivó la orden del sábado, denuncia que los venezolanos detenidos recibieron avisos de deportación solo en inglés, a pesar de que algunos no hablan ese idioma. También sostiene que no se les informó que tenían derecho a impugnar la decisión ante un juez.
“Sin la intervención de esta Corte, docenas o cientos de personas podrían ser deportadas a una condena de por vida en El Salvador sin una verdadera oportunidad de defenderse”, dice la demanda presentada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de frenar las deportaciones.
En su segundo discurso inaugural, Trump prometió “eliminar la presencia de todas las bandas extranjeras y redes criminales que traen delitos devastadores a Estados Unidos”.
Uno de los casos más resonantes es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error, según admitió el propio gobierno. Aunque la Casa Blanca lo acusa de ser parte de la MS-13, su familia y su abogado lo niegan, y nunca fue condenado por ningún delito.
La Corte Suprema falló por unanimidad que el gobierno debe facilitar su regreso a Estados Unidos, pero la administración Trump ya avisó que “nunca volverá a vivir en el país”.
El senador demócrata Chris Van Hollen viajó a El Salvador para visitar a Ábrego García y confirmó que fue trasladado del CECOT a otra prisión.
