En un contexto de creciente inseguridad, desigualdad social y falta de respuestas institucionales, el concejal Diego García, integrante del bloque Unión por la Patria, expresó su “profunda preocupación” por el deterioro sostenido de la situación delictiva en el partido de General Pueyrredon y exigió una urgente reacción del Estado local.
“El crecimiento sostenido de los indicadores delictivos en nuestro distrito es el resultado directo del abandono del sistema municipal de seguridad, la falta de coordinación con la Provincia y la ausencia de respuesta de la Nación ante la solicitud de fuerzas federales”, denunció García.
“Pero, sobre todo, es reflejo de un Estado local que ha resignado su obligación más básica: cuidar a su gente”.
Alarmantes cifras en delitos y homicidios
Según datos del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), durante el primer trimestre de 2025 se registraron 68.491 llamados al 911, lo que representa una leve baja del 0,4% respecto al mismo período de 2024, pero una suba del 15,5% en comparación con 2023.
No obstante, lo más preocupante es el crecimiento de delitos contra la propiedad y la integridad física:
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Robo y hurto automotor: Se contabilizaron 567 casos entre enero y marzo de este año, lo que representa un aumento del 101,1% respecto a 2024 y del 114% en relación a 2023. En Mar del Plata, actualmente se roban o hurtan 6 autos por día.
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Robo y hurto de motos: Se denunciaron 745 hechos, con incrementos del 60% frente a 2024 y del 92,5% en comparación con 2023, lo que equivale a 8 motos sustraídas por día.
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Robo y hurto en la vía pública: Este tipo de delitos creció un 134% respecto a 2024 y un 256% en relación a 2023.
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Homicidios: En los primeros tres meses del año se registraron 12 asesinatos, un 20% más que en 2024, lo que implica que en Mar del Plata hay un homicidio cada ocho días.
“Una gestión ausente”
Para García, estos indicadores son el resultado de una “gestión municipal ausente” que ha desatendido por completo su responsabilidad en materia de prevención del delito y protección ciudadana.
“Estos datos son la prueba irrefutable de un Estado municipal ausente. La falta de prevención, de planificación y de presencia territorial del gobierno local genera una sensación de desprotección que cala hondo en nuestros barrios”, advirtió el edil peronista.
En sus declaraciones, el concejal apuntó directamente contra la gestión del intendente Guillermo Montenegro, a quien responsabilizó por la “ausencia de un plan integral de seguridad” y por “delegar completamente en la Provincia y la Nación lo que es competencia directa del municipio”.
Además, remarcó que la situación de inseguridad se agrava por la “desigualdad creciente”, y vinculó la falta de políticas sociales y comunitarias con el aumento del delito.
“Escuchar a quienes viven con miedo”
García también hizo hincapié en la necesidad de recuperar el diálogo con la comunidad:
“Debemos escuchar a quienes viven con miedo todos los días, a los trabajadores, a los estudiantes, a cada vecino y a cada vecina. Son ellos los que deben modificar su vida porque viven inseguros”, señaló.
“No alcanza con parches ni con estadísticas parciales. La ciudad necesita un abordaje integral, con planificación, articulación institucional y una firme decisión política de proteger a nuestros vecinos”.
Seguridad y justicia social: una relación directa
En su intervención, el concejal no solo se refirió a la necesidad de políticas represivas o de vigilancia, sino que también resaltó el vínculo directo entre seguridad ciudadana y justicia social.
“No hay desarrollo local posible sin seguridad, y no hay seguridad sin justicia social, contención comunitaria y decisión política”, afirmó García, reclamando un cambio de enfoque en la política municipal.
Finalmente, llamó a “recuperar la cercanía con la comunidad”, advirtiendo que el municipio ha perdido contacto con la realidad de los barrios, donde los vecinos sienten que “nadie los escucha”.
La advertencia de García se suma a un creciente malestar entre distintos sectores de la comunidad marplatense que, frente al aumento de delitos, piden respuestas concretas y una presencia más activa del Estado en el territorio. Mientras tanto, los datos oficiales marcan un rumbo preocupante que, según diversos referentes, requiere algo más que anuncios: necesita acción urgente y voluntad política real.
