La Justicia federal elevó a juicio oral a la legisladora porteña Vanina Biasi por una serie de publicaciones en redes sociales consideradas antisemitas y discriminatorias. La decisión, firmada por el juez Daniel Rafecas, se apoya en la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y sostiene que las expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión.
El fallo remarca que el uso de la red social X, sumado a la condición pública de la dirigente del Partido Obrero, amplificó el alcance de los mensajes y potenció su carácter lesivo. Según Rafecas, los posteos “alentaron o incitaron al odio contra un colectivo históricamente vulnerado”.
El contraste se vuelve inevitable al observar otras expresiones recientes provenientes del oficialismo nacional que, hasta el momento, no tuvieron derivaciones judiciales ni sanciones institucionales.
En distintas intervenciones públicas y transmisiones en vivo, el presidente Javier Milei utilizó expresiones descalificatorias hacia opositores políticos, a quienes calificó como “kukas”, “parásitos”, “delincuentes” y “enemigos”, en un discurso reiterado de confrontación. En una de esas ocasiones, al referirse a manifestaciones sociales reprimidas con camiones hidrantes, sostuvo de manera irónica que “los estaban bañando”, frase que generó un amplio repudio de organismos de derechos humanos.
Ese mismo tono fue replicado en espacios de streaming afines al oficialismo. En uno de ellos, del que participó la diputada nacional Lilia Lemoine, se banalizaron los vuelos de la muerte y la represión ilegal durante la última dictadura. Familiares de las víctimas del Grupo de la Santa Cruz anunciaron una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado y exigieron la separación de la legisladora de la Cámara de Diputados.
Pese a que los crímenes de los vuelos de la muerte fueron acreditados por múltiples tribunales federales y constituyen delitos de lesa humanidad, no se conocieron hasta ahora avances judiciales ni sanciones políticas contra quienes realizaron esas declaraciones.
Especialistas en derecho penal y constitucional advierten que la Ley 23.592 no distingue entre ideologías ni pertenencias partidarias, y que penaliza toda incitación al odio por motivos políticos, religiosos o sociales. En ese marco, señalan que el análisis judicial debería aplicarse con el mismo criterio a todas las expresiones públicas, independientemente de quién las pronuncie.
El caso Biasi avanza hacia el juicio oral. Las declaraciones del Presidente y de referentes del oficialismo, en cambio, permanecen fuera del radar judicial. La diferencia en el tratamiento reaviva el debate sobre la igualdad ante la ley y la existencia, o no, de una doble vara a la hora de evaluar los discursos de odio en la Argentina.
