La Justicia comenzó a avanzar en la investigación por la polémica concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes. En ese marco, la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos convocó a cuatro concejales de la oposición para que presten declaración testimonial.
Los citados son Diego García y Valeria Crespo, de Unión por la Patria, y Horacio Taccone y Gustavo Pulti, de Acción Marplatense. Todos ellos integraron el grupo de ediles que votó en contra de la adjudicación a Minella Stadium S.A., empresa conformada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien pidió investigar posibles delitos vinculados a la administración de la concesión. Entre las figuras mencionadas aparecen presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La empresa adjudicataria asumió el compromiso de invertir 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión. Además, prometió la realización de entre 30 y 35 eventos anuales en el estadio y entre 50 y 60 en el Polideportivo, sumados a los partidos de los equipos profesionales de fútbol y básquet de la ciudad.
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta al supuesto incumplimiento de esos compromisos. Según sostuvo Pettigiani, hasta el momento no se habrían concretado las obras anunciadas y tampoco existiría información pública detallada sobre el proyecto definitivo ni sobre el contrato firmado entre la empresa y el Municipio.
La presentación también pone el foco sobre la estructura empresarial de Revee. De acuerdo con la denuncia, la compañía tiene como grupo controlante a REAG, una firma que fue mencionada en Brasil en el marco de las investigaciones vinculadas al denominado “Caso Banco Máster”, uno de los mayores escándalos financieros de ese país.
Pettigiani señaló además que, a comienzos de este año, el Banco Central de Brasil habría ordenado la liquidación de REAG y que Joao Carlos Mansur dejó su cargo dentro de Revee en medio de esa situación.
A partir de estos antecedentes, el fiscal planteó interrogantes sobre la solvencia de la empresa concesionaria y el origen de los fondos comprometidos para financiar el proyecto. También solicitó determinar si el Municipio realizó todos los controles necesarios antes de adjudicar la explotación de los inmuebles.
Entre las medidas de prueba requeridas se encuentran la incorporación de publicaciones periodísticas, pedidos de información a la Justicia brasileña, el acceso a toda la documentación municipal relacionada con la licitación y las declaraciones testimoniales de los concejales que se opusieron a la adjudicación.
Mientras tanto, en sectores de la oposición existe malestar por la demora en la notificación de las citaciones. Según trascendió, el oficio judicial fue remitido al Concejo Deliberante el pasado 9 de junio, pero los legisladores convocados recién fueron informados en las últimas horas.
Las audiencias para tomar declaración a los cuatro concejales están previstas para este miércoles entre las 9 y las 12.
Fuente: La Capital
