La presentación judicial apunta contra funcionarios municipales y directivos de la empresa adjudicataria. También pide investigar el origen de los fondos comprometidos para las obras y posibles vínculos con causas por lavado de dinero en Brasil.
Una fuerte denuncia judicial presentada este lunes sacudió el proceso de concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas. El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, solicitó la apertura de una investigación penal para determinar si existieron delitos en la adjudicación de ambos escenarios deportivos a la empresa Minella Stadium S.A.
La presentación fue ingresada el 8 de junio y solicita que se investiguen presuntos delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según sostuvo Pettigiani en su escrito, existe un “peligro para el patrimonio de los contribuyentes del Partido de General Pueyrredon” y una serie de interrogantes que, a su criterio, nunca fueron aclarados durante el proceso licitatorio.
El foco sobre la concesión del Minella
La adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de julio de 2025 con los votos de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica.
La concesión quedó en manos de Minella Stadium S.A., integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter.
La empresa había prometido una inversión cercana a los 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión, con una posible prórroga de 10 años más. También se comprometió a realizar decenas de eventos anuales tanto en el estadio como en el Polideportivo.
Sin embargo, Pettigiani sostiene que hasta el momento no existirían precisiones públicas sobre las obras comprometidas ni sobre aspectos centrales del contrato firmado con el Municipio.
En ese contexto, menciona que concejales como Diego García, Gustavo Pulti, Horacio Taccone y Valeria Crespo realizaron pedidos de informes sin obtener respuestas satisfactorias.
Las sospechas sobre la empresa brasileña
Uno de los puntos más delicados de la denuncia está relacionado con la situación financiera y societaria de Revee.
Pettigiani cita publicaciones periodísticas que vinculan a la empresa con REAG Investimentos, grupo investigado en Brasil en el marco del denominado “Caso Banco Master”, un escándalo financiero que incluye sospechas de fraude, lavado de dinero y corrupción.
Según la presentación, el Banco Central de Brasil habría dispuesto la liquidación de REAG y varios directivos vinculados a esas compañías habrían abandonado sus cargos en los últimos meses.
La denuncia plantea preguntas que ahora podrían quedar bajo análisis judicial:
- ¿La Municipalidad verificó adecuadamente la solvencia económica del concesionario?
- ¿Los fondos comprometidos para las obras tienen origen lícito?
- ¿Se cumplió con todos los controles exigibles antes de entregar la administración de dos de los bienes públicos más importantes de Mar del Plata?
Posibles conexiones con una causa por lavado
La presentación también menciona referencias periodísticas que vinculan el proceso licitatorio del Minella con la denominada causa Sur Finanzas, una investigación sobre presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con clubes del fútbol argentino y vínculos con la AFA.
Según el escrito, ese expediente ya habría derivado en allanamientos y requerimientos de documentación vinculada al proceso de concesión.
Qué pidió Pettigiani
Entre las medidas solicitadas se encuentran:
- La declaración testimonial de concejales que votaron en contra de la adjudicación.
- El análisis de documentación periodística incorporada como prueba.
- Un pedido de información a las autoridades brasileñas sobre Revee y REAG.
- El requerimiento a la Municipalidad de General Pueyrredon para que entregue toda la documentación vinculada a la licitación y posterior adjudicación.
En su presentación, Pettigiani sostiene que resulta imprescindible determinar si existieron irregularidades en la entrega de la concesión y si hubo responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de integrantes de la empresa adjudicataria.
Por el momento, la denuncia constituye una solicitud formal para que se abra una investigación y se verifique la existencia o no de los hechos denunciados. La eventual comisión de delitos deberá ser determinada por la Justicia a través de las pruebas que se incorporen durante la pesquisa.
