La investigación por la criptomoneda $LIBRA y la polémica por los viajes del vocero presidencial desataron una tormenta política que impacta directamente en el gobierno de Javier Milei y en su discurso fundacional contra la “casta”.
Según reconstruyó el periodista Hugo Alconada Mon en un informe publicado por El País, el expediente judicial tuvo un giro clave tras los peritajes informáticos realizados sobre teléfonos de los acusados. Ese material, que hasta ahora permanecía fuera del alcance de la causa, comenzó a revelar vínculos que complican la versión oficial.
La investigación busca determinar si el Presidente, su hermana Karina Milei u otros funcionarios participaron o fueron víctimas de una maniobra vinculada al lanzamiento y colapso del criptoactivo, que habría generado pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.
El episodio se remonta a febrero de 2025, cuando el propio Milei promocionó la criptomoneda en redes sociales. Durante meses, el mandatario sostuvo que actuó de buena fe y negó vínculos con los responsables de la operatoria.
Sin embargo, los nuevos elementos incorporados a la causa indican que sí existieron contactos con algunos de los involucrados, entre ellos el lobista Mauricio Novelli. Según surge de la investigación, se habría planteado la posibilidad de capitalizar la figura presidencial como un “activo personalísimo”, con cifras que podrían llegar a los 5 millones de dólares a cambio de su respaldo.
Aunque la Justicia todavía no confirmó si ese dinero llegó efectivamente al entorno presidencial, el impacto político ya es significativo. La sospecha de posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública pone en tensión uno de los ejes centrales del discurso libertario.
En paralelo, otro frente se abrió dentro del propio Gobierno. La difusión de imágenes y registros de Manuel Adorni utilizando vuelos privados y realizando viajes al exterior, incluyendo estadías en destinos exclusivos como Punta del Este y Manhattan, sumó un componente de alto costo simbólico.
Si bien este segundo caso no presenta, por ahora, el mismo peso judicial, sí generó un fuerte impacto en la opinión pública. La exposición de un estilo de vida asociado a privilegios contradice el mensaje de austeridad que la administración nacional instaló desde su llegada al poder.
En ese marco, una frase recogida en la investigación sintetiza el clima interno: “Lo de $LIBRA es ilegal; lo de Adorni, inmoral”. La definición apunta al núcleo del problema político: en la Argentina actual, el desgaste de un gobierno no solo se mide por lo judicial, sino también por la percepción social de coherencia.
Tras haber recuperado iniciativa política luego de las elecciones legislativas, el oficialismo vuelve a quedar a la defensiva. Por primera vez desde su asunción, las sospechas de corrupción y los cuestionamientos éticos alcanzan de lleno al círculo más cercano del poder.
