Después del despido de 500 trabajadores peajistas a raíz del vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), el pasado 8 de abril, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) salió a denunciar públicamente a Corredores Viales S.A. por presuntas amenazas y ataques contra el derecho a la protesta.
En un comunicado, el gremio reveló que el 9 de abril la empresa estatal envió correos electrónicos a “cientos de trabajadores”, con el objetivo de “deslegitimar el ejercicio constitucional del derecho a huelga” e incluso “amenazar con sanciones disciplinarias, incluyendo despidos”.
Para SUTPA, se trata de “un claro atentado contra los derechos de los trabajadores, en el marco de una legítima medida de acción en defensa de los derechos laborales”.
Entre los principales reclamos, el gremio señaló una paritaria “20% por debajo del resto de la actividad”, la negativa de la empresa a reunirse desde enero, y “condiciones nulas de Seguridad e Higiene que ponen en riesgo la vida de trabajadores y usuarios”.
Además, alertaron sobre “la inminente privatización” de Corredores Viales S.A., y remarcaron que este proceso, sumado al antecedente inmediato de la pérdida de los 500 puestos de trabajo tras el fin de la concesión de CRUSA, “son motivos más que suficientes para la realización de la medida que llevamos a cabo”.
Desde el sindicato rechazaron también las acusaciones de ilegalidad:
“Nuestra medida se encuentra plenamente respaldada por la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 75 inc. 22)”, afirmaron.
Y concluyeron:
“Corredores Viales no solo desconoce el derecho a la protesta y la representación sindical —este último respaldado por los Convenios 87 y 98 de la OIT y por la Ley 23.551—, sino que además intenta instalar un relato falso para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales, en un contexto de inflación que deteriora día a día el poder adquisitivo, y una negativa sistemática a negociar paritarias.”
