Diez trabajadores rurales del sur de Salta, que en noviembre de 2023 fueron víctimas de trata con fines de explotación laboral, recibieron 1,5 millones de pesos cada uno como reparación por los daños sufridos. Fue en el marco de un acuerdo de conciliación alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del imputado, que ya canceló los pagos en su totalidad.
La causa se inició a partir de una inspección en la finca “Suri Blanco”, en Joaquín V. González, donde los obreros realizaban tareas de desmonte sin ropa ni herramientas adecuadas, vivían en condiciones precarias y sufrían descuentos arbitrarios por alimentos.
En la audiencia de conciliación, impulsada por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen —ambos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta—, las partes acordaron la compensación como una “salida superadora” a un largo proceso penal.
La homologación estuvo a cargo del juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, quien valoró la armonía entre las partes y el cumplimiento del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que promueve resoluciones alternativas para evitar la violencia estatal y alcanzar la paz social.
En el acuerdo participaron también el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa del imputado, Ángel Gustavo Enríquez. Ambas partes destacaron que la reparación es una respuesta inmediata y justa para las víctimas, evitando un juicio largo y manteniendo la imputación por trata laboral que prevé penas de entre 4 y 8 años de prisión.
