La histórica agroexportadora Vicentin atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Este sábado anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, dejando en el aire el futuro laboral de más de mil trabajadores y profundizando una crisis que parece no tener piso.
Mediante un comunicado oficial, la firma santafesina informó que el directorio resolvió “el cierre seguro de todas las plantas en operación”, ante la imposibilidad de acceder a nuevos contratos de fazón —el esquema bajo el cual operaba parte de su producción— y frente a un escenario financiero asfixiante. “No contamos con los recursos para sostener la actividad ni para hacer frente al pago de salarios”, señalaron.
Un derrumbe anunciado
Vicentin viene arrastrando una pesada deuda con el sector agropecuario desde su default en diciembre de 2019. En la actualidad, debe más de $400 millones y se encuentra sumida en un complejo proceso judicial que incluye la puja por la homologación del concurso preventivo, trabado tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
A todo esto, se suma la falta de respuesta por parte de los inversores estratégicos que, según explicaron desde la empresa, agravó la situación. “Consideramos que esta es la mejor decisión para proteger los activos y permitir un rápido arranque cuando sea factible”, justificaron.
La firma también remarcó que mantiene el diálogo con todos los actores involucrados: acreedores, trabajadores y el sistema judicial. Pero el tono del comunicado no deja lugar a demasiadas ilusiones: la incertidumbre es total.
El lamento de una salida que nunca llegó
Desde Vicentin aseguran que la crisis podría haberse evitado. “Lamentamos profundamente haber llegado a esta situación extrema. Hace más de tres años habíamos encontrado una salida clara, concreta y tangible, respaldada por una amplia mayoría de acreedores, solución que sigue vigente pero nunca se concretó”, cerraron.
La caída de Vicentin, que supo ser una de las grandes jugadoras del agro argentino, expone una vez más los efectos devastadores de la combinación entre malas decisiones empresariales, especulación y falta de control estatal. Hoy, más de mil familias esperan respuestas que, por ahora, nadie parece dispuesto a dar.
