Trece trabajadores fueron hallados sin vida dentro de una mina de oro en Perú, tras haber sido secuestrados varios días antes por una banda criminal vinculada a la minería ilegal.
Las víctimas trabajaban para la empresa minera peruana Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, al norte de Lima. Según fuentes oficiales, el grupo había sido enviado a enfrentar a mineros ilegales que operaban en la zona, pero fueron interceptados por una organización delictiva que busca controlar la mina.
Los delincuentes mantuvieron cautivos a los trabajadores en un socavón y durante una semana enviaron mensajes amenazantes a sus familias. Finalmente, los mineros fueron ejecutados a quemarropa, según denunció el portal local Diario Correo, que además informó sobre la circulación de un video en redes sociales grabado por los propios captores.
Aún no está claro qué motivó a los criminales a cometer la masacre, pero el hecho se inscribe en una creciente ola de violencia asociada a la minería ilegal que afecta a distintas regiones del país.
Desde 2020, la empresa Poderosa ha perdido el control de varios de sus yacimientos por la presión de grupos ilegales. Esto obligó a paralizar algunas operaciones y, según indicaron en un comunicado, “puso en riesgo la seguridad física de nuestros trabajadores y de los mineros artesanales”.
En marzo pasado, un grupo armado vinculado a la minería ilegal atacó a contratistas cerca de la quebrada La Ciénaga, también en Pataz, provocando la muerte de dos personas. Ese mismo mes, delincuentes dinamitaron una torre de alta tensión que abastecía de energía a la zona minera y trataron de tomar varios yacimientos por la fuerza.
La compañía, que emplea a unas 8.000 personas, expresó su frustración por la falta de acción del Estado. “El clima de violencia sigue escalando en la región. La minería ilegal y el crimen organizado operan con absoluta impunidad”, denunciaron.
Perú es uno de los principales productores de oro del mundo, con más de 100 toneladas anuales, lo que representa cerca del 4% del suministro global. La expansión de organizaciones criminales en torno a esta industria ha encendido las alarmas y expone la fragilidad del control estatal en zonas clave para la economía nacional.
