El Gobierno nacional formalizó la designación de Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, como representante del Ministerio de Defensa ante el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM).
La incorporación fue oficializada mediante la Resolución 543/2025, firmada por el ministro Luis Petri, y entró en vigencia el pasado 11 de junio. La decisión forma parte de una reestructuración interna impulsada por la gestión de Javier Milei en una dependencia clave por el volumen de recursos que administra.
El IAFPRPM, creado en 1983, se encarga de gestionar los haberes de unos 300.000 beneficiarios del sistema previsional militar, incluyendo jubilaciones, pensiones, indemnizaciones y líneas de crédito. Por el nivel de erogaciones, es considerado uno de los entes con mayor peso presupuestario del ámbito castrense.
Francisco Adorni cuenta con una extensa carrera en la administración pública. Durante más de dos décadas se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense y, en marzo de 2024, fue incorporado al Ministerio de Defensa tras una resolución de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que lo ubicó al frente de la Unidad de Auditoría Interna. En ese rol encabezó análisis presupuestarios y evaluaciones de gestión.
El nombramiento se realizó en el marco de las atribuciones que otorgan al ministro de Defensa el Decreto 1628/07 y la Ley 22.919, los cuales permiten designar representantes ante el directorio del instituto previsional.
Desde la cartera que conduce Petri sostienen que el nuevo funcionario posee “idoneidad y experiencia técnica” para la función. Según trascendió, su llegada respondió a un pedido formal de las autoridades ministeriales y se vincula con la necesidad de garantizar la continuidad de las mejoras en la administración financiera del organismo.
Pese a estas explicaciones, la decisión generó cuestionamientos en la oposición, que advierte sobre la creciente presencia de familiares directos de figuras clave del Gobierno en cargos estratégicos. No obstante, en filas oficialistas defienden la movida como parte de una estrategia para sostener la eficiencia en áreas sensibles del Estado.
