El Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó tres acusaciones formales contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión efectiva. La fiscalía sostuvo que las maniobras atribuidas constituyen “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El requerimiento fue impulsado por fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, entre otras áreas especializadas. Las acusaciones fueron presentadas por escrito, paso previo a la audiencia de control en la que se definirá si el expediente avanza a juicio oral.
Bailaque se encuentra actualmente con prisión domiciliaria.
Extorsión, dádivas y lavado de dinero
En el tramo más grave de la acusación, los fiscales le atribuyen al exmagistrado delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Según la investigación, entre 2019 y 2024 habría coordinado una maniobra para impulsar causas judiciales contra empresarios con el objetivo de presionarlos. En ese contexto, a una de las víctimas le habrían exigido 200 mil dólares para no perjudicarlo en una causa penal. La suma entregada habría sido de 160 mil dólares.
Otro de los hechos apunta a pagos mensuales que, según la fiscalía, habrían sido encubiertos bajo un contrato de alquiler de un inmueble en Caleta Olivia. Los fondos, siempre de acuerdo a la acusación, fueron declarados como ingresos lícitos.
Además, se investiga la compra de un lote en un barrio cerrado de Funes por 70 mil dólares en efectivo. En esta operación quedó imputada su esposa, Graciela Martínez Maulión, acusada de lavado de activos agravado.
La fiscalía solicitó para Bailaque 10 años de prisión, cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco años de inhabilitación absoluta y multas económicas proporcionales a las maniobras investigadas.
La causa por la cooperativa portuaria
Otra acusación está vinculada a decisiones adoptadas en una causa relacionada con la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
Allí se le reprocha haber dictado resoluciones contrarias a derecho y haber liberado millonarios fondos judiciales que luego fueron destinados a operaciones financieras con empresas vinculadas a uno de los empresarios investigados.
En este expediente, el Ministerio Público Fiscal estimó una pena de dos años de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Retardo en la causa contra Esteban Alvarado
La tercera acusación se relaciona con el accionar de Bailaque en investigaciones contra la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado.
Según los fiscales, entre 2014 y 2015 el entonces juez habría dictado resoluciones que paralizaron la causa y beneficiaron a personas vinculadas al entramado societario investigado. En este tramo también fue imputado el contador Gabriel Mizzau por lavado de activos agravado.
Un juicio oral unificado
Los fiscales solicitaron que las tres acusaciones sean tratadas en un único juicio oral, al considerar que existe conexidad entre los hechos. También pidieron el decomiso de dispositivos electrónicos, bienes inmuebles y derechos de escrituración vinculados a las operaciones investigadas.
“Actuó desde el máximo nivel de poder estatal utilizando su cargo como herramienta delictiva”, sostuvieron los representantes del MPF al fundamentar el pedido de pena.
