Según publicó Realpolitik, el EMTURyC adjudicó publicidad por $88.999.992 a Grupo Media Atlántico SA, propietaria del portal 0223, mediante una contratación directa. La Contaduría había advertido que no había saldo suficiente en la partida presupuestaria. El Tribunal de Cuentas bonaerense ya tomó intervención y analizará el expediente.
Una contratación publicitaria de casi 89 millones de pesos quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas bonaerense y abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gestión de Diego Juárez al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata.
El organismo municipal adjudicó $88.999.992 a Grupo Media Atlántico SA, empresa propietaria del portal 0223, para prestar servicios publicitarios durante ocho meses. La operación se realizó mediante una contratación directa que ahora es cuestionada por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.
La denuncia, presentada el 9 de octubre, apunta contra la resolución EMTURyC 242/2026 y pone el foco en dos aspectos centrales: el mecanismo utilizado para evitar una compulsa de precios y la advertencia de la propia Contaduría del organismo sobre la falta de fondos disponibles para afrontar el compromiso.
El dato más comprometedor surge de la documentación administrativa. La Contaduría había advertido que la partida destinada a publicidad no tenía saldo suficiente. Sin embargo, la contratación avanzó y terminó siendo convalidada por las autoridades del ente.
Una exclusividad discutida para evitar la competencia
Para justificar la adjudicación directa, el EMTURyC recurrió al artículo 156, inciso 1, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que contempla excepciones por exclusividad.
El argumento utilizado fue que Grupo Media Atlántico SA es titular del dominio 0223.com.ar. A partir de esa condición, el organismo consideró que correspondía contratar directamente con la empresa.
Pero el Observatorio cuestionó ese razonamiento: ser propietario de un portal no significa ser el único proveedor capaz de ofrecer servicios publicitarios digitales.
La denuncia sostiene que existen otros medios de comunicación que pueden brindar prestaciones similares y que debieron establecerse mecanismos de comparación sobre audiencias, alcance, tarifas y servicios.
En definitiva, lo que se cuestiona es por qué una contratación de semejante magnitud se resolvió sin abrir la posibilidad de que otros medios presentaran sus propuestas.
Contaduría advirtió que no había fondos y el contrato siguió adelante
El otro punto delicado está dentro de la propia resolución administrativa.
La Contaduría del EMTURyC informó que la partida presupuestaria de publicidad no contaba con saldo suficiente y formuló observaciones en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
También señaló la inobservancia de los artículos 31 y 118 de esa normativa y de los artículos 40 y 41 del decreto provincial 2980/00.
Pese a esas advertencias, la adjudicación fue convalidada.
La situación abre interrogantes sobre las decisiones adoptadas por los funcionarios que intervinieron en el expediente y sobre las condiciones administrativas y presupuestarias que permitieron avanzar con el compromiso de casi $89 millones.
Los números de la pauta millonaria
El contrato establece un desembolso mensual de $11.124.999 durante ocho meses.
La distribución contempla cuatro rubros:
- $2.416.696 por contenidos con difusión en redes sociales.
- $1.093.700 por producción audiovisual.
- $3.821.603 por banners display.
- $3.793.000 por banners interstitial.
La resolución establece que la empresa deberá presentar certificaciones de las publicaciones realizadas junto con las facturas mensuales. El departamento de Marketing del organismo tendrá a su cargo la verificación de las prestaciones.
La denuncia también apunta a la relación entre pauta y cobertura periodística
El Observatorio incorporó otro cuestionamiento: la relación entre la publicidad oficial y el tratamiento periodístico de la gestión turística municipal.
Los denunciantes sostienen que el portal publicó balances favorables sobre la política turística local y contrapone esa cobertura con indicadores que, según plantean, muestran una realidad menos alentadora para el sector.
El planteo instala una discusión que excede esta contratación: cuáles son los criterios para distribuir la pauta oficial, cómo se determina qué medios reciben recursos públicos y qué mecanismos garantizan transparencia y equidad en esas decisiones.
El Tribunal de Cuentas ya intervino
El 22 de octubre, mediante el acuerdo 33, el Tribunal de Cuentas bonaerense dispuso remitir la denuncia a la Delegación Zonal X de Mar del Plata para su análisis, la elaboración de un informe y su eventual incorporación al estudio de las cuentas del EMTURyC.
La comunicación lleva la firma de Gonzalo Sebastián Kodelia, secretario de Actuaciones y Procedimiento.
Por ahora, el organismo de control no dispuso suspender los pagos pendientes, como había solicitado el Observatorio, ni aplicó sanciones a los funcionarios involucrados. La remisión del expediente tampoco implica que las irregularidades denunciadas estén acreditadas.
Pero la contratación ya quedó bajo análisis.
Casi $89 millones para un solo medio, una contratación directa justificada por exclusividad y una advertencia de Contaduría que señalaba la falta de saldo presupuestario. Son los elementos que ahora deberá examinar el Tribunal de Cuentas.
Fuente: Realpolitik
