Horas después de que miles de personas se manifestaran en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 879/2024, dejó en evidencia las prioridades del Gobierno, que parecen estar más alineadas con los números que con las necesidades de los argentinos.
El decreto rechaza por completo la Ley 27.757, que buscaba aumentar los fondos para las universidades nacionales, y la envía de vuelta al Congreso. Según el Gobierno, la ley es “violatoria del marco jurídico vigente” porque no detalla cómo se financiarán esos gastos. Pero lo que realmente deja al descubierto este veto es la frialdad con la que se está manejando el futuro de la educación pública en el país. Mientras las universidades luchan con presupuestos que no alcanzan para cubrir ni lo básico, el Ejecutivo prefiere hablar de “equilibrio fiscal” como si el progreso de millones de estudiantes fuera un tema secundario.
En redes sociales, desde la Oficina del Presidente se adelantó que Milei vetaría cualquier proyecto que incremente el gasto público sin una fuente de financiamiento clara, en una postura rígida que no parece contemplar las consecuencias de dejar a las universidades a la deriva. Incluso, atacaron a figuras políticas de todos los sectores, acusándolos de formar un “frente de izquierda populista” que busca obstruir el plan económico del Presidente.
Lo cierto es que, más allá de las etiquetas y de los tecnicismos, esta decisión ignora las demandas de una sociedad que salió a las calles en defensa de algo tan esencial como la educación. La realidad es que las universidades son, para miles de jóvenes, la única vía para escapar de la pobreza, y cada recorte en su financiamiento es un golpe a sus oportunidades.
