La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, se refirió al reciente fallo judicial que ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario y planteó la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el Gobierno nacional para garantizar su aplicación.
En declaraciones al periodista Pablo Salgado, la titular de la casa de estudios expresó que la resolución judicial genera “alegría y esperanza”, ya que establece con claridad la obligación de aplicar los artículos que actualizan tanto las becas como los salarios docentes y no docentes.
Biasone explicó que ahora las universidades aguardan una convocatoria oficial para discutir cómo se implementará el fallo. “Estamos esperando una respuesta, algún espacio donde podamos dialogar con el Gobierno para ver cómo finalmente se va a cumplir”, señaló.
Postura unánime del sistema universitario
La rectora también se refirió al reciente encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional en Santa Rosa, La Pampa, donde participaron autoridades de todo el país. Allí, según detalló, no hubo divisiones internas ni intentos de acuerdos a la baja.
“Ambos bloques estuvimos firmes en exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario hasta las últimas consecuencias. Ningún rector planteó otra cosa y la decisión fue unánime”, afirmó. Esa postura quedó reflejada en un documento conjunto difundido tras la reunión.
Universidades con recursos ajustados
Biasone advirtió que la aplicación plena de la ley implicaría un aumento significativo de los fondos destinados al sistema universitario, en algunos casos superior al 50% de un mes a otro.
En ese contexto, describió la situación actual como crítica. “Estamos funcionando como podemos”, sostuvo, y remarcó que las universidades vienen atravesando dos años con presupuestos cada vez más acotados.
Además, subrayó que más del 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, mientras que el resto cubre gastos de funcionamiento. Si bien estos últimos se están enviando según el presupuesto nacional, aclaró que no se está cumpliendo con lo establecido por la ley específica de financiamiento universitario.
Salarios bajos y conflicto gremial
Consultada por las medidas de fuerza, la rectora evitó anticipar escenarios, aunque reconoció la legitimidad de los reclamos. “El 60% de nuestros docentes cobra menos de 300 mil pesos y los trabajadores universitarios tienen sueldos muy magros”, indicó.
En ese sentido, consideró que los gremios tienen derecho a llevar adelante paros, aunque aclaró que la prioridad de las autoridades es mantener las universidades abiertas y con los estudiantes en las aulas.
“Tenemos la obligación de sostener la universidad funcionando, con los estudiantes adentro. La comunidad nos acompañó masivamente y eso debemos retribuirlo”, afirmó.
Por último, Biasone insistió en la necesidad de encontrar una salida consensuada. Si bien reconoció que una actualización salarial del 50% inmediata resulta difícil, planteó que el cumplimiento del fallo podría darse a través de un esquema progresivo.
“Estamos dispuestos a escuchar un plan de pago, pero esto hay que cumplirlo”, concluyó.
