La reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei propone convertir los salarios que hoy funcionan como “piso” en los convenios colectivos en un “techo”, reduciendo drásticamente los básicos y dejando a los empleadores la libertad de pagar montos adicionales discrecionales.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, detalló en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que, dentro de las reformas de “segunda generación” que el gobierno pretende lanzar después de las elecciones, se encuentra lo que denomina “salario dinámico”. La medida apunta a modificar la estructura salarial tradicional, en la que los convenios colectivos aseguran mínimos garantizados, para dejarlos como topes.
En la práctica, los trabajadores podrían recibir un salario básico mucho más bajo y depender de la discrecionalidad de su empleador para completar la remuneración hasta alcanzar el “techo” del convenio. Esto abre la puerta a diferencias entre trabajadores, basadas en premios o castigos, y debilita la protección histórica que los convenios colectivos brindan frente a remuneraciones inferiores a lo pactado.
Además, la iniciativa contempla acortar la vigencia de las cláusulas económicas de los convenios, obligando a renegociaciones periódicas entre empresas y empleados. En sus discursos, Milei vincula estas reformas con la “modernización del trabajo” y busca el respaldo legislativo necesario para avanzar mediante leyes o decretos de necesidad y urgencia.
Los principales ejes de la reforma laboral incluyen:
- Jornada laboral de hasta 12 horas y un máximo de 60 semanales.
- Creación de un “banco de horas” para compensar horas extras con tiempo libre.
- Eliminación de indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral.
- Prohibición de juicios laborales, incluso por abuso patronal.
- Supresión de los convenios colectivos de trabajo.
- Contratos individuales, incluso en moneda extranjera.
- Vacaciones a discreción del empleador, pudiendo fraccionarlas.
Según fuentes oficiales, la reforma apunta a beneficiar a las empresas, mientras que expertos advierten sobre un retroceso significativo en derechos laborales históricos.
