La provincia de Mendoza dio un paso inédito al llevar a la Justicia a padres que no completaron el esquema obligatorio de vacunación de sus hijos. Hasta el momento, diez familias fueron denunciadas con el objetivo de garantizar el cumplimiento del calendario nacional.
La medida surge en un contexto sanitario sensible. El reaparecer del sarampión, enfermedad erradicada en 2016, y el fallecimiento de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos encendieron las alarmas. Desde el gobierno mendocino sostienen que la prioridad es prevenir brotes y proteger a la población infantil.
La decisión fue impulsada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada a través del Programa de Inmunizaciones, que encabeza Iris Aguilar. Los equipos sanitarios analizan caso por caso los registros oficiales y contactan a las familias con esquemas incompletos.
Cuando no hay respuesta o existe una negativa expresa a vacunar, la situación se deriva a la Justicia Civil. En ese ámbito, los jueces pueden ordenar el cumplimiento del calendario, disponer medidas de resguardo para los menores o avanzar con sanciones.
Desde agosto, Mendoza cuenta con un procedimiento específico para estos incumplimientos. El régimen prevé multas que van de 200.000 a 300.000 pesos, aplicables a padres, tutores o prestadores privados que no garanticen la vacunación obligatoria.
Si bien la cobertura escolar supera hoy el 80 por ciento, las autoridades advierten que el umbral seguro es del 95 por ciento. La mayor baja se observa en las vacunas del primer año de vida y a los 15 meses, como la triple viral y la quíntuple, fundamentales para prevenir enfermedades graves.
El Ministerio de Salud recordó que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y obligatorias, y que están disponibles durante todo el año en hospitales y centros de salud públicos. La consigna oficial es clara. Vacunar salva vidas y es una responsabilidad colectiva.
