Tras una resolución judicial, vuelve a operar la feria más grande de Sudamérica, aunque con cambios drásticos: queda prohibido el uso de efectivo y se intensificarán los controles.
La feria de La Salada, ubicada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, volverá a abrir sus puertas luego de un extenso conflicto judicial. Sin embargo, ya nada será igual: a partir de ahora, los más de 48 mil puesteros deberán operar únicamente con métodos de pago bancarizados, en una medida que apunta a combatir la informalidad y reducir la evasión fiscal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien estableció una serie de condiciones estrictas para permitir el reinicio de la actividad comercial en los tres paseos que componen el predio: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote. Entre las medidas impuestas, se exige el registro formal de los inquilinos, auditorías permanentes con veedores judiciales, municipales y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA), y la implementación de sistemas de cobro digital como única modalidad habilitada.
El fallo surge en el marco de una causa en la que continúan imputados Jorge Castillo —apodado “el Rey de La Salada” y aún detenido— y otros empresarios vinculados a la conducción de la feria. La fiscal federal Cecilia Incardona los acusa de liderar una organización dedicada al lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita. Según la investigación, los ingresos informales se habrían canalizado hacia inversiones en propiedades, vehículos de alta gama y operaciones en el mercado financiero.
En total, la Justicia ya incautó 26 autos, dos embarcaciones y trece inmuebles vinculados a los acusados. Uno de los imputados, Enrique Antequera, permanece prófugo.
La reapertura de La Salada también pone en debate su impacto económico y social. Mientras desde el Gobierno nacional apuntan a regular una actividad históricamente informal —la feria figura en informes internacionales sobre piratería comercial, como los elaborados por EE.UU. y la Unión Europea—, desde el gremio de Trabajadores de Ferias defienden su rol como generadora de empleo. Según estimaciones sindicales, las distintas actividades que se desarrollan alrededor del predio sostienen alrededor de 150 mil puestos laborales, incluyendo carreros, remiseros y feriantes.
Fundada en 1992 por migrantes bolivianos, La Salada creció de forma exponencial hasta convertirse en uno de los polos comerciales más relevantes del continente, aunque también en uno de los más cuestionados. En los últimos años, incluso se multiplicaron los tours de compras provenientes de Brasil, Uruguay y otros países limítrofes.
Ahora, con el retorno de su actividad, el Gobierno de Javier Milei busca enviar una señal de control y formalización, en sintonía con sus compromisos internacionales sobre propiedad intelectual y equilibrio fiscal.
