Desde este martes se encuentra en vigencia en la provincia de Buenos Aires una nueva ley que impide el ingreso a casinos, bingos y salas de juego a personas que registren deudas alimentarias. La medida forma parte de un paquete de acciones destinadas a reforzar el cumplimiento de las obligaciones familiares y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Se trata de la Ley 15.589, ya promulgada por el Ejecutivo bonaerense, que alcanza a quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Germán Di Césare, del bloque Unión por la Patria, y contó con el respaldo mayoritario de la Legislatura.
La norma establece de manera expresa que no podrán ingresar a establecimientos de juego aquellas personas que adeuden cuotas alimentarias, según los criterios fijados por la legislación vigente. En ese marco, se considera deudor a quien acumule tres cuotas consecutivas o cinco alternadas impagas, tal como lo viene aplicando la Justicia en la provincia.
La ley también fija responsabilidades concretas para los concesionarios de casinos, bingos y salas de juego. El Poder Ejecutivo deberá garantizarles el acceso al registro oficial, mientras que los establecimientos estarán obligados a consultar esa base de datos antes de permitir el ingreso del público. En caso de detectar que una persona figura como deudora, deberán impedirle el acceso.
El régimen sancionatorio prevé desde apercibimientos hasta multas que pueden oscilar entre 10 y 100 salarios mínimos, vitales y móviles, de acuerdo con la gravedad de la infracción o la reincidencia. La autoridad de aplicación será definida por el Ejecutivo provincial, que tendrá a su cargo las tareas de control y fiscalización.
Durante el tratamiento legislativo, Di Césare remarcó que la ley busca sumar una herramienta concreta para desalentar el incumplimiento de las cuotas alimentarias. En ese sentido, señaló que el juego de azar no puede ubicarse por encima de las responsabilidades económicas básicas y que el Estado debe garantizar mecanismos efectivos para hacer cumplir esos derechos.
