El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá comunicar a la Justicia cada vez que pretenda salir del país, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, aunque se descartó avanzar con su detención o impedirle viajar de manera absoluta.
De acuerdo con la resolución, Adorni tendrá que solicitar autorización previa antes de cruzar las fronteras para que el juzgado evalúe la conveniencia y razonabilidad de cada desplazamiento al exterior.
La decisión representa la primera restricción impuesta al exfuncionario desde el inicio de la causa y alcanza únicamente a él, sin incluir a su esposa, Bettina Angeletti, quien también figura bajo investigación.
Antes de que se conociera la medida, la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, presentó un escrito en el que aseguró que el exvocero presidencial permanece en Argentina y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo.
La investigación tomó impulso luego de que trascendieran versiones sobre una posible mudanza del exfuncionario a Uruguay tras dejar el Gobierno.
Rechazaron el pedido de detención
En los últimos días, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa, habían solicitado la detención de Adorni o, en su defecto, la prohibición de salida del país junto con la retención de su pasaporte.
Sin embargo, tanto el fiscal Pollicita como el juez Lijo rechazaron esos planteos al considerar que no existen elementos que indiquen riesgo de fuga ni maniobras para entorpecer la investigación.
El fiscal destacó que el exfuncionario colaboró con el expediente y que no incurrió en demoras injustificadas. También sostuvo que las conversaciones que mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo no afectaron el desarrollo de la causa.
Además, señaló que Adorni no posee antecedentes penales, mantiene domicilio estable en el país, tiene bienes registrados y reside junto a su familia, circunstancias que, según el Ministerio Público, reducen el riesgo de que intente eludir a la Justicia.
La causa avanza hacia una nueva etapa
En las próximas semanas, la Fiscalía espera contar con un informe patrimonial elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizará si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su patrimonio.
Con ese estudio, el fiscal elaborará un requerimiento para que el exfuncionario justifique el origen de sus bienes. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia un llamado a declaración indagatoria.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran las declaraciones de empleados y exfuncionarios de la Vocería Presidencial, quienes afirmaron haber prestado sus nombres o tarjetas de crédito para realizar compras atribuidas a Adorni, una operatoria que los investigadores analizan para determinar si buscó ocultar gastos que no podía justificar con sus ingresos declarados.
