La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, hallados en excavaciones realizadas en cercanías de La Calera. Las víctimas habrían estado detenidas en el ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales lugares de represión ilegal que funcionaron en el interior del país entre 1976 y 1978.
El trabajo de identificación fue llevado adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que inició las tareas de campo en septiembre de 2025 con la colaboración del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y especialistas en geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las investigaciones permitieron recuperar restos óseos en un sector donde se sospechaba la existencia de enterramientos clandestinos.
La causa está a cargo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. El magistrado dispuso que la difusión pública de las identidades se realice una vez que finalice el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas, con el objetivo de preservar la intimidad de las familias tras décadas de búsqueda.
En el expediente también interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, que supervisó el proceso de identificación genética mediante el cruce de muestras con el Banco Nacional de Datos Genéticos, una herramienta clave en la reconstrucción de identidades de personas desaparecidas.
La investigación se centra en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, ubicado sobre el kilómetro 12,5 de la Ruta 20. Ese lugar fue una de las principales bases operativas del Tercer Cuerpo de Ejército durante la represión ilegal y estuvo bajo el mando del entonces jefe militar Luciano Benjamín Menéndez, condenado en múltiples juicios por delitos de lesa humanidad.
Según estimaciones de organismos de derechos humanos, entre 2.000 y 2.500 personas pasaron por ese centro clandestino. Muchas de ellas continúan desaparecidas.
En la actualidad, el predio funciona como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Allí continúan las excavaciones y estudios forenses con el objetivo de localizar nuevas evidencias que permitan esclarecer el destino de las víctimas de la represión estatal.
Los especialistas explicaron que el proceso de identificación combinó estudios de antigüedad de los restos, análisis geofísicos para detectar alteraciones en el suelo y comparaciones de ADN con muestras de familiares registradas en el banco genético nacional. Estos avances permiten aportar pruebas fundamentales para las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad que aún se investigan en el país.
