El sistema con el que se determinan las edades habilitadas para ver películas en Argentina fue modificado por el Gobierno nacional. A través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial, se eliminó la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas y se resolvió que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) sea el único organismo responsable de asignar las categorías de público.
La medida implica un cambio de fondo en un esquema que se mantuvo vigente durante más de cuarenta años. Hasta ahora, una comisión integrada por distintos sectores analizaba los estrenos y definía si eran aptos para todo público o para mayores de determinadas edades. Con la nueva normativa, esa función queda centralizada en el Incaa, que pasará a fijar criterios técnicos y orientativos.
Desde el Ejecutivo explicaron que el rol del Estado será informativo y que la responsabilidad sobre el consumo de contenidos por parte de menores recaerá principalmente en los padres o tutores. En ese sentido, se amplían las posibilidades de acompañamiento adulto en salas de cine, salvo en los casos de películas exclusivamente reservadas para mayores de 18 años.
Otro punto clave del decreto es el tratamiento de las producciones extranjeras. El Gobierno resolvió reconocer como válidas las calificaciones otorgadas en los países de origen, especialmente en un contexto en el que la mayoría de los estrenos provienen del exterior. De todos modos, el Incaa conservará la facultad de adecuar esas evaluaciones si lo considera necesario por razones de orden público.
La decisión oficial se apoya en críticas al funcionamiento de la comisión disuelta, a la que se le atribuyen criterios desactualizados y demoras que afectaban al sector audiovisual. Según el texto del decreto, el Incaa cuenta con la capacidad técnica y la experiencia necesaria para asumir esta tarea de manera más ágil y transparente.
El nuevo esquema establece cinco categorías. Habrá contenidos aptos para todo público, otros con sugerencia de supervisión parental, restricciones para menores de 13 y de 17 años, y una categoría exclusiva para mayores de 18, cuya exhibición será condicionada. En todos los casos, la calificación deberá informarse de forma clara antes del inicio de cada función.
La normativa también ratifica que no podrá existir censura previa y prevé sanciones para las salas que no respeten las categorías, que van desde multas hasta clausuras temporarias.
El decreto comenzará a aplicarse dentro de 60 días y marca un giro en la forma en que el Estado interviene en la clasificación de películas, con un mayor énfasis en la responsabilidad familiar y un rol más acotado del control estatal.
