Integrantes de la Asamblea Luna Roja impulsaron una denuncia penal contra autoridades del EMTURyC, luego de que la Justicia los condenara a entregar información pública ambiental. La causa tramita en la UFI N° 10 de Delitos Económicos y se vincula a otras investigaciones abiertas en 2022 y 2024.
Tras obtener una sentencia firme que condenó al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredón a entregar información pública ambiental en el marco de un amparo, integrantes de la Asamblea Luna Roja presentaron una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La causa, identificada como IPP N° PP-08-00-029120-25/00, quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos N° 10, a cargo de los fiscales David Bruna y Javier P. Lódola, quienes ya investigan a los mismos funcionarios en al menos dos expedientes previos abiertos en 2022 y 2024.
Según pudo saber Radio 10 Mar del Plata, los denunciados son la Dra. Carolina Muzzio, Directora Jurídica del EMTURyC, y el presidente del ente, Bernardo Martín. Ambos habrían incurrido en un accionar “arbitrario, injustificado y contrario a derecho”, al resistirse de manera sistemática a cumplir con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
Fallo judicial y resistencia oficial
La denuncia tiene como origen el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 que, tras una acción de amparo presentada por vecinos y ambientalistas, ordenó al EMTURyC entregar en un plazo de 15 días la información vinculada a la situación legal y ambiental de varias Unidades Turísticas Fiscales emplazadas en el Paseo Costanero Sur.
La sentencia —notificada el 15 de abril de 2025— fue confirmada con costas por la Cámara de Apelaciones tras una apelación “sin fundamentos relevantes”. La negativa del ente municipal generó, según los denunciantes, un perjuicio económico al Estado, ya que los costos judiciales derivados de ese accionar ilegal fueron solventados con fondos públicos.
Derechos vulnerados y contexto ambiental
Desde la Asamblea Luna Roja sostienen que la conducta de los funcionarios vulneró derechos constitucionales como el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la protección del ambiente, todos contemplados por la Ley 25.831, el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), y múltiples ordenanzas locales.
“Se trata de información clave sobre concesiones en playas que están sobre yacimientos paleontológicos protegidos, y que se oculta deliberadamente a la ciudadanía”, indicaron los asambleístas.
En el documento de más de 15 páginas que acompaña la denuncia, se detallan al menos cuatro expedientes administrativos de pedidos de información nunca respondidos y se exige que se cite a declarar a los funcionarios implicados, se adopten medidas cautelares, y se avance hacia el juicio oral.
Otras causas y observaciones del Tribunal de Cuentas
La denuncia también destaca que el accionar del EMTURyC ocurre en un contexto de “patrimonio neto negativo” y déficit presupuestario reiterado, situación ya observada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. El presidente del ente, Bernardo Martín, fue amonestado en dos oportunidades por irregularidades financieras y por no deslindar responsabilidades.
Formulan denuncia penal, EMTURyC, 2025
La Justicia falló a favor de Asamblea Luna Roja y obliga al EMTur a entregar información ambiental
