El ex concejal Joaquín Sánchez Charró presentó una denuncia penal que vuelve a sacudir el escenario político de Miramar. La acusación apunta contra el intendente Sebastián Ianantuony, una ex concejal radical y funcionarios municipales, por presuntas irregularidades en licitaciones públicas vinculadas a concesiones en el frente costero.
La presentación fue realizada ante el fiscal de Cámara del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Allí se denuncian posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El eje del planteo está puesto en la concesión del restaurante MALIA y en la adjudicación de la venta ambulante en las playas del distrito.
El caso MALIA y una exigencia que se habría eliminado
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere al restaurante MALIA, ubicado sobre la costa. Según expuso Sánchez Charró, tras quedar desierta una licitación anterior, se habría otorgado un permiso precario a pedido de Rodrigo Battenti, sobrino directo de la entonces concejal Mónica Battenti.
De acuerdo al escrito judicial, en el expediente administrativo figura un correo electrónico comercial perteneciente a la propia ex edil, lo que para el denunciante demostraría una intervención directa en favor de su familiar sin haberse excusado de actuar en el ámbito institucional.
Más tarde, el Departamento Ejecutivo habría impulsado una nueva Licitación Pública N.º 09/2025, en la que se eliminó la exigencia de integrar 60 millones de pesos en obras de infraestructura. Ese requisito sí habría sido impuesto al resto de los concesionarios del frente costero. Para el ex concejal, esta modificación generó un beneficio económico puntual para el adjudicatario, Luis Scenna, tío de la ex concejal Battenti, quien además se habría dado de alta en AFIP pocos días antes del proceso licitatorio.
Venta ambulante en playas y ofertas descartadas
El segundo tramo de la denuncia se concentra en la Licitación Pública N.º 10/2025, correspondiente a la venta ambulante en playas. En ese procedimiento, también resultó adjudicatario Scenna, pese a que su propuesta económica habría sido considerablemente inferior a otras dos ofertas presentadas.
Según detalla la denuncia, se dejaron de lado propuestas por 51 millones y 33 millones de pesos. Para Sánchez Charró, esa decisión habría provocado una pérdida estimada de 40 millones de pesos anuales para el Municipio, lo que proyectado al plazo total de la concesión alcanzaría unos 600 millones de pesos.
El escrito judicial agrega que el adjudicatario no contaría con antecedentes en el rubro gastronómico ni comercial, ni experiencia previa en licitaciones públicas, y que su inscripción fiscal se concretó el 1 de diciembre de 2025, pocos días antes de la apertura de sobres.
Sospechas de direccionamiento
En su presentación ante la Justicia, el ex concejal sostiene que la participación de la entonces edil Battenti en gestiones vinculadas a su sobrino y a su tío, sin apartarse del trámite, encuadraría en el delito de negociaciones incompatibles. A eso suma la modificación de condiciones contractuales y la desestimación de ofertas más altas como indicios de un direccionamiento de los procesos licitatorios.
También denuncia que el Municipio habría negado el acceso a expedientes administrativos solicitados mediante nota el 5 de enero de 2026, lo que, a su entender, podría constituir incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Qué pidió a la Justicia
Entre las medidas solicitadas, Sánchez Charró requirió informes al Departamento Ejecutivo, la citación a declarar del director de Concesiones y de los integrantes de la Comisión Evaluadora, y la convocatoria de los oferentes cuyas propuestas fueron rechazadas. También pidió el secuestro preventivo de los expedientes de ambas licitaciones y la remisión de las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante.
Un frente costero bajo observación
La denuncia vuelve a colocar bajo la lupa las concesiones del frente costero de Miramar. El foco está puesto en un bar que habría sido el único en no afrontar una exigencia millonaria en obras y en la adjudicación de la venta ambulante en playas, pese a existir ofertas superiores.
