La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención del hospital, por presuntos delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, tras el sorteo realizado en Comodoro Py.
Desde el gremio sostienen que la funcionaria “avanzó ilegalmente” con sumarios administrativos contra referentes sindicales pese a que existía una medida cautelar judicial vigente que suspendía el procedimiento.
Según la presentación judicial, Marino habría dictado resoluciones “excediendo sus atribuciones” y fijado plazos de descargo antes de que vencieran los tiempos legales para recurrir la resolución de Cámara, lo que, según denunciaron, afectó “el debido proceso y el derecho de defensa”.
La denuncia también menciona al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Desde APyT afirmaron que ambos “adelantaron públicamente el resultado de los sumarios” el pasado 3 de febrero, incluso antes de que los trabajadores involucrados pudieran presentar sus descargos.
La secretaria general del gremio, Norma Lezana, cuestionó con dureza el accionar de la intervención del hospital y aseguró que los sumarios buscan “disciplinar” a quienes se oponen a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en el Garrahan.
“Nos están sumariando por defender el hospital del vaciamiento y por no callarnos”, afirmó la dirigente sindical. Además, sostuvo que detrás de estas medidas existe un intento de “privatización” y denunció un supuesto “clima de autoritarismo” dentro del centro de salud pediátrico.
La querella fue presentada por las abogadas Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).
En paralelo, desde la APyT adelantaron que solicitarán una nueva intervención judicial para frenar los sumarios administrativos impulsados contra referentes gremiales y trabajadores del hospital.
