El diputado provincial Gustavo Pulti encendió la alarma con una grave denuncia penal presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. En su escrito, exige que se investigue a fondo la posible comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, señalando como responsables al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al exministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. El epicentro del escándalo: el traslado al exterior de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“Un oscuro misterio”
“Es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que sepamos dónde está, qué valor tiene lo entregado, qué medidas de seguridad se adoptaron ni qué resultados se esperan”, denunció Pulti con contundencia. “Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio”, añadió, dejando en evidencia la opacidad de la maniobra.
Denuncias de ocultamiento y falta de transparencia
El legislador también apuntó directamente contra la administración nacional, afirmando que “el gobierno de Milei toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal exigible para el funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”. Según Pulti, el traslado de las reservas de oro estuvo acompañado de un “ocultamiento premeditado”, evidenciado por la negativa del BCRA y la Agencia de Acceso a la Información Pública a responder solicitudes de información sobre la operación.
Además, subrayó un dato alarmante: no existen actas del directorio del BCRA ni disposiciones administrativas firmadas que respalden la decisión. “Es la primera vez que se toma conocimiento de una maniobra de esta magnitud sin un acto administrativo que lo avale. Nadie en Argentina sabe a dónde fue a parar el oro”, enfatizó el diputado.
Riesgos y advertencias
Pulti también alertó sobre los peligros inherentes a esta operación, incluyendo la posibilidad de que las reservas sean embargadas en el exterior. “Estamos ante un nivel de falta de transparencia que pone en jaque los principios básicos de una democracia”, señaló. Y fue más allá, advirtiendo que “si seguimos siendo una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la Justicia deberá proporcionar, a través de una investigación, la información que los funcionarios se negaron a dar”.