El conflicto desatado por la empresa uruguaya Urcel SA, al desconocer al sindicato y avanzar sobre condiciones laborales precarias en el Puerto de Concepción del Uruguay, llevó a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) a declarar el estado de alerta y la posibilidad de un paro total nacional en todos los puertos del país. La medida busca respaldar a los estibadores entrerrianos, que denuncian explotación laboral y prácticas antisindicales.
El paro total de actividades en el puerto entrerriano, iniciado el domingo, se profundiza y pone en jaque al sistema portuario argentino. Según informaron fuentes gremiales a Radio 10 Mar del Plata, la empresa no reconoce al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local como entidad gremial legítima, margina a los trabajadores de la zona, entre los peores pagos del país, y traslada personal de otras localidades sin experiencia para desplazar la mano de obra local y deteriorar las condiciones de trabajo.
Las protestas incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y la paralización completa de la operatividad. Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo del convenio colectivo y un intento sistemático de explotación que impacta de lleno en las familias que dependen de la actividad portuaria.
La FEPA, con la presencia de su secretario general Marcelo Osores, acompaña las medidas de fuerza y advierte que, ante la amenaza empresarial de dejar sin trabajo a los estibadores y desconocer su organización sindical, se declaró el estado de alerta con posible paro total nacional en todos los puertos argentinos.
De no existir respuestas concretas en las próximas horas, la federación avanzará con la medida de fuerza a nivel nacional en defensa de los trabajadores del SUPA Puerto de Concepción del Uruguay.
Desde la organización gremial remarcan que el sindicato cuenta con representación legal y autoridades democráticamente electas, lo que vuelve injustificable la postura empresarial. La FEPA calificó el accionar de Urcel SA, empresa de capitales uruguayos, como precarizador y antisindical, y advirtió que, de no resolverse, este antecedente podría extenderse a otros puertos del país.
