MAR DEL PLATA – Representados por las organizaciones civiles Mirada Ciudadana y Surfrider, y con el patrocinio de la abogada Soledad Arenaza, los vecinos que se oponen a la construcción de una torre de 35 pisos y 130 metros de altura en el tradicional barrio Stella Maris presentaron ante la justicia su respuesta a la apelación interpuesta por la Municipalidad de General Pueyrredon.
La presentación judicial se realizó el lunes 1 de julio ante la Cámara Contencioso Administrativa, integrada por los jueces Mora, Ucin y Riccitelli, en el marco del expediente que se tramita tras las medidas cautelares dictadas por el juez Marcos Isacch. Las mismas suspendieron el proyecto inmobiliario en base a varios de los argumentos planteados por los propios vecinos.
Cabe señalar que la apelación fue acompañada por la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., empresa interesada en llevar adelante el emprendimiento.
Publicidad, transparencia y acceso a la información
En su apelación, la Municipalidad sostiene que es válida la utilización de croquis preliminares para otorgar indicadores urbanísticos especiales. No obstante, los vecinos remarcan que estos planos no son públicos y forman parte de un expediente de acceso restringido, lo que, afirman, viola el principio de publicidad de las normas y la transparencia de los actos de gobierno.
“Esto limita de forma directa el derecho ciudadano a la información y a la participación en cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial y la protección ambiental”, señala la respuesta presentada por las organizaciones.
¿Preservación patrimonial o excusa normativa?
La Municipalidad y la Fiduciaria justifican el otorgamiento de indicadores excepcionales apelando a la Ordenanza 10075, que contempla beneficios urbanísticos para inmuebles con valor patrimonial. Sin embargo, los vecinos sostienen que nunca se explicitó cuál es la categoría ni el grado de protección del chalet María Frers de Mahn, presente en las parcelas afectadas.
“El artículo 11 del Código de Preservación Patrimonial no otorga carta blanca para habilitar cualquier tipo de construcción a cambio de conservar un bien patrimonial”, advierte el escrito judicial, que también denuncia la demolición prevista de otro chalet con valor histórico, diseñado en 1937 por el reconocido arquitecto Alberto Rodríguez Etcheto.
El antecedente de la torre Unkanny
La Fiduciaria, presidida por Florencia Miconi, argumenta en su presentación que el nuevo edificio no alteraría el entorno, citando como antecedente la torre Unkanny Residences, de 70 metros de altura, construida en Alem y Peralta Ramos por la firma IMASA, que también preside Miconi.
Sin embargo, los vecinos sostienen que la cercanía de esta torre con el nuevo proyecto sólo refuerza la ruptura del equilibrio urbanístico, alertando sobre el “despropósito” que significaría convalidar un nuevo edificio de tal magnitud en una zona de alta sensibilidad patrimonial y ambiental.
Comisión sin constituir y posibles conflictos de interés
Uno de los puntos más graves señalados en la respuesta judicial es la inexistencia de la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, cuya intervención previa es obligatoria según el artículo 20 del Código vigente. Vecinos aseguran que más de 800 firmas ya fueron presentadas al intendente Guillermo Montenegro para que dicha comisión sea formalizada.
Además, se pone bajo la lupa la designación de la arquitecta María Lidia Luján Muller como responsable del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Muller, afirman los vecinos, ha elaborado los informes de todas las grandes excepciones urbanísticas aprobadas en los últimos años.
El dato cobra relevancia por su vínculo personal con el secretario de Planeamiento municipal, Jorge Luis González, quien no se habría excusado de intervenir en el expediente, a pesar del potencial conflicto de intereses, ya que el éxito del proyecto impacta de forma indirecta en los honorarios percibidos por su pareja.
Una pulseada judicial con fuerte impacto ciudadano
El avance del proyecto “La Robla” continúa generando tensiones en Mar del Plata, no solo por sus dimensiones inéditas para un barrio residencial, sino también por las irregularidades administrativas que denuncian los vecinos.
Desde Mirada Ciudadana y Surfrider ratifican su compromiso con la defensa del patrimonio urbano y ambiental, y advierten que seguirán agotando todas las instancias legales para evitar que se repita el modelo de excepción tras excepción que, aseguran, pone en riesgo la identidad y la calidad de vida de la ciudad.
