El sindicato reclama que se suspenda de inmediato el decreto que restringe el derecho a huelga
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este jueves un recurso de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 20, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, impulsado por el Gobierno Nacional. La organización sindical también solicitó una medida cautelar para suspender de manera inmediata los efectos del decreto mientras dure el proceso judicial.
El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 e introduce una ampliación sustancial de los servicios considerados “esenciales”. Según la nueva normativa, las actividades comprendidas bajo esta categoría deberán garantizar un 75% de prestación durante las medidas de fuerza, lo cual, en la práctica, imposibilita la realización de huelgas en numerosos sectores.
“El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada”, afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. Y añadió: “Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”.
Argumentos legales y contexto institucional
En el documento presentado ante la Justicia, ATE argumenta que el decreto del Poder Ejecutivo representa una “afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga”, además de violar el principio de progresividad en materia de derechos laborales y el principio de libertad sindical, ambos consagrados en la Constitución Nacional y en convenios internacionales ratificados por la Argentina, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado”, remarcó Aguiar, en alusión a antecedentes judiciales en los que se limitaron normas similares. “Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto, esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales”, agregó el dirigente gremial.
Servicios esenciales: el eje del conflicto
Hasta la publicación del DNU 340/25, se consideraban esenciales únicamente aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Esta definición, sostenida por la OIT, era la guía para evaluar la legitimidad de las medidas de fuerza. Sin embargo, con el nuevo decreto, se incorporan numerosas actividades del ámbito estatal a la categoría de “esenciales”, lo que restringe drásticamente la capacidad de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga.
Desde ATE sostienen que esta ampliación no tiene fundamentos objetivos ni responde a criterios razonables. Por el contrario, argumentan que busca limitar la acción sindical y disciplinar a los sectores del Estado que históricamente han sostenido reclamos colectivos en defensa de los derechos laborales y las condiciones de trabajo.
Repercusiones y próximas acciones
La presentación judicial ocurre en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y los gremios del sector público. La central sindical ya había anticipado su rechazo al decreto apenas fue publicado en el Boletín Oficial y había convocado a asambleas y acciones de protesta en distintos organismos del Estado.
“Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, manifestó Aguiar, quien además anticipó que ATE continuará con el plan de lucha para visibilizar lo que considera un “ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero”.
La medida cautelar solicitada tiene como finalidad que el decreto quede sin efecto hasta tanto se resuelva el fondo del amparo, lo que podría derivar en un fallo que siente un precedente clave sobre la legalidad de los decretos presidenciales que afectan derechos fundamentales.
