“El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de la Resolución 42/26 que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
“El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. Las resoluciones emitidas por el consejo directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley. No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, indicó Rodolfo Aguiar Secretario General de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente detalló: “Se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad”.
“Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, concluyó Rodolfo Aguiar
En su escrito, el sindicato argumenta que la medida constituye un “vaciamiento institucional” y forma parte de un proceso de desmantelamiento que ya había sido frenado por la Justicia.
Además, ATE asegura que el Consejo Directivo del INTI no tiene facultades para suprimir funciones establecidas por ley, ya que eso solo podría hacerlo el Congreso. Bajo el argumento de “reorganizar” la oferta tecnológica, la resolución avanza sobre áreas estratégicas vinculadas al control de calidad industrial, alimentos, materiales de construcción, combustibles, dispositivos médicos y metrología, entre otras.
El sindicato también denunció que la medida deja sin funciones concretas a cientos de trabajadores especializados, afectando la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo, tratándose de una “desocupación efectiva” de profesionales y técnicos del organismo, además de haberse dispuesto sin negociación paritaria previa ni consulta sindical, en violación de normas laborales y convenios de la OIT.
Ante esta situación, ATE solicitó además una medida cautelar urgente para suspender de inmediato los efectos de la resolución mientras se tramita la causa.
