El exadministrador de la Unidad Turística Chapadmalal, Sergio Salinas Porto, salió al cruce de las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro sobre el estado del complejo y recordó que, durante el gobierno de Alberto Fernández, se realizaron trabajos para recuperar parte de las instalaciones, con Matías Lammens al frente del Ministerio de Turismo y Deportes.
“Los hoteles estaban abiertos y funcionando. El cierre vino después. Y ese orden de los hechos importa”, sostuvo Salinas Porto, al cuestionar la mirada del jefe comunal sobre la situación del predio.
El exfuncionario detalló que durante su gestión se pusieron en valor seis de los nueve hoteles del complejo. Primero fueron los números 1, 2 y 5; luego, el 6 y el 7; y finalmente, el 8. Según explicó, los establecimientos recibían contingentes turísticos y funcionaban con sus trabajadores y trabajadoras en actividad.
Para Salinas Porto, el cierre posterior respondió a decisiones tomadas durante la presidencia de Javier Milei. En ese contexto, también cuestionó el papel de Daniel Scioli en la conducción de la política turística nacional.
El reclamo a Montenegro
Salinas Porto diferenció las responsabilidades sobre la administración del complejo de las obligaciones políticas del intendente de General Pueyrredon. Si bien reconoció que Chapadmalal depende del Estado nacional, consideró que Montenegro debe reclamar por la continuidad de una actividad que genera empleo y movimiento económico en la zona.
“La administración del complejo corresponde al Estado nacional. Pero el intendente de General Pueyrredon tiene la responsabilidad de defender el trabajo, la actividad económica y los servicios de su distrito”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la falta de reclamos del jefe comunal para recuperar el funcionamiento de los hoteles y le reprochó acompañar las políticas del Gobierno nacional.
La discusión por el turismo social
Otro de los puntos que planteó Salinas Porto fue la participación del sector privado en el funcionamiento de la Unidad Turística. Según señaló, durante su gestión ya había empresas encargadas de prestar servicios de alimentación y limpieza, dentro de un esquema administrado por el Estado y orientado al turismo social.
El exadministrador puso el foco en las consecuencias que el cierre puede tener para las familias trabajadoras, los jubilados y los estudiantes que utilizaban las instalaciones para vacacionar.
“El modelo que Montenegro respalda debe responder qué lugar reserva a esas personas”, planteó.
Finalmente, reclamó recuperar la función social de Chapadmalal y garantizar que las familias puedan volver a alojarse en el complejo. Para Salinas Porto, la discusión no pasa solamente por el estado de los edificios, sino también por el destino de un espacio público que durante años permitió el acceso al turismo a sectores que no siempre pueden afrontar unas vacaciones.
