El Partido Justicialista cuestionó duramente la decisión de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El partido apuntó contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y convocó a “revertir esta situación” en las calles, el Congreso y las urnas.
El Partido Justicialista salió al cruce del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras Rurales y lanzó una fuerte acusación contra los tres jueces que firmaron la resolución.
Bajo el título “La patria no se vende. Tres jueces pusieron la Argentina en venta”, el PJ sostuvo que la decisión representa un grave retroceso para la defensa de la soberanía nacional.
La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Esa legislación establecía límites a la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales restricciones, fijaba un máximo del 15% de las tierras rurales para titulares extranjeros.
La acusación del PJ
En su comunicado, el justicialismo sostuvo que la Corte no se limitó a dar “argumentos jurídicos”, sino que estableció, según su interpretación, “un criterio político de una enorme gravedad institucional”.
El partido cuestionó particularmente que el máximo tribunal haya considerado que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para llevar adelante la demanda.
“En un hecho insólito para la democracia argentina, tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pusieron en venta el territorio nacional”, afirmó el PJ.
El comunicado apunta directamente contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, a quienes acusa de haber generado un antecedente negativo para la defensa de la soberanía.
Para el Partido Justicialista, la discusión no pasa solamente por la propiedad de la tierra como recurso económico, sino por su carácter estratégico y su relación con el territorio y el patrimonio nacional.
Qué resolvió la Corte
El punto central del fallo es que la Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras ni resolvió de fondo si el Gobierno podía hacerlo mediante el DNU 70/2023.
El máximo tribunal rechazó la demanda porque consideró que el CECIM no tenía legitimación para promover ese proceso y que no existía un caso o controversia judicial concreta que habilitara la intervención de la Justicia.
La consecuencia práctica de la decisión es que queda sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación y, por lo tanto, vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales.
“La patria no se vende”
En el cierre de su pronunciamiento, el PJ convocó a dirigentes, militantes y ciudadanos a intentar revertir la situación “en la calle, en el Congreso y en las urnas”.
El comunicado vuelve a instalar así la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales, la soberanía territorial y el alcance del DNU 70/2023, en un debate que ahora suma un nuevo capítulo judicial y político.
LA PATRIA NO SE VENDE. pic.twitter.com/n0dxPk9vml
— Partido Justicialista (@p_justicialista) September 30, 2026
