Un documento firmado por el fiscal federal Paulo Starc confirma que Tránsito Seguro S.A. aparece dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación, administración y distribución de fondos provenientes de sistemas de fotomultas. La causa alcanza a numerosos municipios bonaerenses y también a localidades de Entre Ríos y La Pampa.
El debate por la ampliación del sistema de fotomultas en Mar Chiquita suma un nuevo elemento. Un oficio de la Justicia Federal revela que Tránsito Seguro S.A., una de las empresas vinculadas a este tipo de operatorias, aparece mencionada en una investigación por presunta asociación ilícita que analiza el funcionamiento de los sistemas de cobro de multas en distintos municipios.
El documento está fechado el 15 de septiembre de 2026 y lleva la firma del fiscal federal Paulo Starc, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.
Fue enviado al Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, en el marco del Caso N.º 2577/2026 (FSM 4/2026), caratulado “Tránsito Seguro y otros s/ asociación ilícita”.
El contenido del oficio resulta especialmente relevante porque describe, de manera concreta, cuáles son las hipótesis que investiga la Fiscalía y qué documentación y comunicaciones considera de interés para avanzar en el expediente.
Qué investiga la Fiscalía Federal
Según consta en el documento, la investigación gira alrededor de posibles irregularidades en la contratación, administración, gestión y distribución de los fondos provenientes del sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito.
La pesquisa alcanza, al menos, a numerosos municipios de la Provincia de Buenos Aires y a localidades de las provincias de Entre Ríos y La Pampa.
En el expediente aparecen mencionadas la Fundación Saber Cómo, del INTI; Tránsito Seguro S.A.; Ideas Verdes S.A. y la cámara empresarial CECAITRA.
La Fiscalía investiga la posible existencia de “contrataciones espurias” y un eventual posterior lavado de activos. El oficio aclara que, dentro de esa hipótesis, podría encontrarse involucrado, entre otras personas, Bernardino Antonio García.
Se trata de hipótesis que forman parte de una investigación judicial en curso y cuya existencia no implica, por sí misma, que los delitos hayan sido acreditados.
El mecanismo que está bajo análisis
El documento describe un mecanismo que, según la hipótesis investigada, habría comenzado con convenios celebrados entre intendentes y la Fundación Saber Cómo, en el marco de programas de seguridad vial.
De acuerdo con la Fiscalía, mediante esos convenios la Fundación se comprometía, entre otras cuestiones, a proporcionar a los municipios el equipamiento y la tecnología necesarios para constatar infracciones de tránsito.
Posteriormente, la Fundación comunicaba a los municipios que esa gestión sería realizada conjuntamente con una empresa privada, que podía ser Tránsito Seguro S.A., Ideas Verdes S.A. o CECAITRA, según cada caso.
La hipótesis que analiza la Justicia es que este mecanismo podría haber permitido evitar que los municipios seleccionaran directamente a las empresas proveedoras de tecnología mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
En lugar de ello, los municipios contrataban a la Fundación del INTI y esta, posteriormente, contrataba a las empresas privadas.
Para la Fiscalía, esto podría haber generado un favorecimiento hacia las empresas que participaban de la operatoria.
El reparto del dinero de las multas
Otro de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con la distribución de los fondos provenientes de las infracciones.
El oficio señala que, de acuerdo con la normativa provincial citada por la Fiscalía, la Provincia de Buenos Aires es acreedora de un monto equivalente al 20% de las sumas abonadas en concepto de infracciones de tránsito.
Sobre el remanente, el porcentaje restante se habría distribuido entre los municipios y la Fundación Saber Cómo.
Según describe el documento, generalmente correspondía un 20% o 30% al municipio y un 80% o 70% a la Fundación, que aparecía en los formularios respectivos como proveedora junto con la empresa privada.
La Fiscalía pone especial atención sobre este esquema de distribución y sobre la forma en que se establecía la contraprestación por los servicios tecnológicos.
Una normativa que aparece en el expediente
El fiscal Starc también cita en el oficio el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, aprobado por la Ley 26.353.
En particular, menciona la cláusula 9, apartado “d”, que establece que cuando las autoridades jurisdiccionales contraten empresas privadas para operar sistemas de registro fotográfico, la contraprestación no puede consistir total o parcialmente en porcentajes del producido de las multas ni en parámetros vinculados con el rendimiento económico de los equipos.
Según la hipótesis investigada, en los casos analizados habría ocurrido precisamente lo contrario, dado que la contraprestación se habría establecido mediante porcentajes sobre la recaudación obtenida por las infracciones constatadas.
La Fiscalía considera que este aspecto resulta relevante porque sostiene que la implementación de estos dispositivos debería estar vinculada con políticas de seguridad vial y prevención, y no con una finalidad meramente recaudatoria.
La situación de la Fundación Saber Cómo
Otro de los puntos señalados en el oficio está relacionado con la participación de la Fundación Saber Cómo en el circuito de percepción de los fondos.
Según el documento, la Fundación no se encontraría inscripta en el Registro de Proveedores de Tecnología para la constatación de infracciones de tránsito de la Provincia de Buenos Aires, un requisito que la Fiscalía considera relevante para poder percibir los fondos derivados de este tipo de sistemas.
Este aspecto también forma parte de las cuestiones que están siendo analizadas dentro de la investigación federal.
El celular de un empresario, una prueba que la Fiscalía considera relevante
El oficio tiene además un objetivo puntual: solicitar acceso al resultado de la extracción de información del teléfono celular perteneciente a Bernardino Antonio García, presidente de CECAITRA.
El dispositivo había sido secuestrado en el marco de la I.P.P. N.º 06-00-056058-23/02, que tramita ante la Justicia bonaerense.
La Fiscalía Federal considera que el contenido del teléfono podría aportar elementos para esclarecer los hechos investigados.
En particular, solicita información de la agenda de contactos y las comunicaciones mantenidas por García mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.
El interés está puesto especialmente en eventuales comunicaciones con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, intendentes, autoridades o representantes de fundaciones y universidades nacionales, además de directivos y representantes de las empresas mencionadas en la causa.
El propio oficio menciona, entre otros nombres, a Lorenzo Beccaria, de la Fundación Saber Cómo, y a Germán Rovira, Federico Garaglia y Leandro Camani, vinculados a Tránsito Seguro S.A.
La Fiscalía aclara que el acceso a esa información deberá contemplar las medidas de resguardo, reserva o restricciones que el juez considere necesarias respecto de aquellos datos que no estén relacionados con el objeto de la investigación.
Por qué el oficio adquiere relevancia en Mar Chiquita
El documento aparece en un momento particularmente sensible para Mar Chiquita, donde se encuentra en discusión la ampliación del sistema de fotomultas y la participación de empresas privadas.
La existencia de una investigación federal que incluye entre sus protagonistas empresariales a Tránsito Seguro S.A. agrega un elemento que inevitablemente será observado en el debate local.
El oficio no establece que exista una responsabilidad penal de Tránsito Seguro S.A. ni de las restantes empresas mencionadas. Lo que confirma es que sus operatorias forman parte del objeto de una investigación federal, en la que se analizan posibles irregularidades en los procedimientos de contratación, la participación de intermediarios y el destino de los fondos provenientes de las multas.
Mientras la discusión sobre las fotomultas continúa en Mar Chiquita, la Justicia Federal avanza por otra vía: busca reconstruir contratos, movimientos económicos y vínculos entre empresarios, funcionarios, municipios y organismos que participaron de estos sistemas.
El resultado de esas medidas será el que permita determinar si las hipótesis planteadas por la Fiscalía encuentran respaldo en las pruebas o, por el contrario, son descartadas durante el proceso judicial.
