La Justicia dictó un fallo que podría convertirse en un antecedente clave en materia de riesgos laborales. Una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) fue condenada a indemnizar con más de 351 millones de pesos a un trabajador que sufrió un infarto mientras cumplía funciones en una fábrica de La Plata y que, tras una deficiente asistencia médica, quedó con graves secuelas neurológicas.ros por los incumplimientos registrados durante la emergencia y estableció, además de la indemnización, el pago de una prestación mensual por gran invalidez debido al estado de salud permanente de la víctima.
El caso fue impulsado por el abogado platense Matías Martínez, quien sostuvo que el eje de la demanda no fue el origen del infarto, sino la falta de una respuesta médica inmediata que terminó agravando de manera irreversible las consecuencias del episodio.
Una atención tardía con consecuencias irreversibles
El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2021, cuando César Fernández, empleado de la firma Albano Cozzuol S.A. de Ringuelet, comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho y un marcado malestar durante su jornada laboral.
Según quedó acreditado en el expediente, el trabajador intentó ser atendido en la enfermería de la empresa, pero el servicio estaba cerrado. Ante esa situación fue trasladado en un remís hacia un centro médico y, durante el viaje, sufrió un paro cardíaco.
La demora en recibir atención especializada derivó en un severo daño neurológico que le provocó una cuadriparesia, reduciendo drásticamente su movilidad y obligándolo a depender de asistencia permanente.
Un precedente para futuros reclamos
Durante el juicio, la defensa logró demostrar que la falta de una respuesta adecuada frente a la emergencia fue determinante en el agravamiento del cuadro clínico.
Los jueces consideraron que, aunque el infarto no hubiera sido provocado por la actividad laboral, las condiciones en las que se desarrolló la emergencia y la ausencia de asistencia inmediata transformaron el episodio en un accidente ocurrido “con ocasión del trabajo”, criterio que amplía la protección prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo.
La resolución fijó una indemnización de $285.980.239,88, que con intereses asciende a $351.246.415,17, además de una prestación mensual por gran invalidez.
Especialistas destacan que el fallo podría convertirse en un antecedente relevante para futuros casos en los que se analice la responsabilidad de las ART frente a demoras o deficiencias en la atención de emergencias médicas ocurridas en el ámbito laboral.
