El operativo realizado en Playa Bristol para desmantelar una feria generó críticas por el contenido del comunicado oficial difundido por la Municipalidad. Aunque desde el Ejecutivo se habló de “recuperación del espacio público”, el texto fue cuestionado por su tono y por la falta de referencias al impacto social de la medida.
Según se informó, más de 170 puestos fueron retirados durante la madrugada en un procedimiento que contó con la participación de fuerzas federales, policía bonaerense y distintas áreas municipales. El despliegue incluyó un importante número de efectivos y maquinaria.
Desde el gobierno local se sostuvo que la feria funcionaba de manera ilegal y que representaba riesgos para quienes circulaban por la zona. En esa línea, remarcaron que el objetivo es ordenar el espacio público y garantizar su uso para vecinos y turistas.
Sin embargo, el comunicado no menciona qué pasará con los feriantes que trabajaban en el lugar ni si hubo instancias previas para regularizar la actividad. Tampoco se detallaron alternativas laborales o de reubicación.
El procedimiento se enmarca en una causa judicial que derivó en una orden de allanamiento, pero el enfoque elegido por el Municipio reabrió el debate sobre cómo se abordan estas situaciones en una ciudad con fuerte presencia de trabajo informal.
El tema volvió a instalar una discusión que se repite en Mar del Plata: el equilibrio entre el orden del espacio público y la realidad social de quienes dependen de estas actividades para subsistir.
