La Justicia federal investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por integrar una presunta red que habría facturado prácticas médicas inexistentes. El perjuicio económico estimado supera los 500 millones de pesos.
La causa está a cargo del fiscal Fernando Domínguez, quien pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que cite a declaración indagatoria a los principales involucrados. La investigación apunta a una estructura que operó entre 2016 y 2020 en distintas filiales del conurbano bonaerense.
Según fuentes judiciales, no se trató de hechos aislados sino de un esquema organizado que incluía la captación de pacientes, la manipulación de historias clínicas y la facturación de prestaciones infladas o directamente inexistentes.
Cómo funcionaba la maniobra
El mecanismo central consistía en cargar en el sistema del PAMI tratamientos, estudios y días de internación que nunca se realizaban. Para ello, se habría utilizado un sistema informático denominado SIRA, que permitía ingresar datos de manera masiva.
Las auditorías detectaron inconsistencias graves. En una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades en la facturación de internaciones en terapia intensiva o unidad coronaria. En muchos casos, los pacientes figuraban en áreas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían recibido el alta.
También se detectaron prácticas médicas falsas: electrocardiogramas, sesiones de kinesiología y procedimientos complejos sin respaldo clínico. Según la investigación, empleados administrativos modificaban los registros para aumentar la facturación mensual.
Una red con roles definidos
La causa identifica tres grupos principales: exfuncionarios del PAMI, empresarios de la firma Rophe S.A. y una estructura familiar que actuaba como nexo operativo. Entre los imputados aparecen Pablo Lera, exdirector de la UGL VIII de San Martín, y Nicolás Siseles, asesor del organismo.
El esquema incluía una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por fuera de los canales formales. Desde allí se direccionaban afiliados hacia sanatorios vinculados al circuito, priorizando criterios económicos por sobre los médicos.
Además, la investigación revela más de 15.000 comunicaciones entre los implicados que evidenciarían la coordinación de la operatoria.
Lavado de dinero y pagos ilegales
Parte de los fondos obtenidos se habría canalizado a través de una empresa de fachada, utilizada para emitir facturas por servicios inexistentes y así justificar el origen del dinero.
Según la causa, entre el 3% y el 5% de la facturación se destinaba al pago de coimas para garantizar la continuidad del esquema y evitar controles. Estos pagos habrían quedado registrados en comunicaciones y anotaciones informales.
El impacto económico
Solo en concepto de internaciones en terapia intensiva sobrefacturadas, el perjuicio estimado asciende a más de 512 millones de pesos a valores actualizados a enero de 2026. La cifra podría ser mayor si se suman las prácticas médicas ficticias.
Los delitos que se investigan incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza con un volumen importante de pruebas y con la mira puesta en determinar responsabilidades individuales.
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