El fiscal general Alberto Gentili solicitó penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una organización que habría operado bajo la fachada de una congregación religiosa, identificada como Templo Filadelfia.
Según la acusación, el grupo habría funcionado durante casi cinco décadas, entre 1972 y diciembre de 2020, con base en San Justo, partido de La Matanza, y presencia en distintas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil.
El caso se juzga ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de San Martín, donde el fiscal sostuvo que la estructura captó al menos 25 víctimas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Gentili también imputó a los acusados por asociación ilícita y, en la mayoría de los casos, por trata de personas con fines de explotación laboral agravada. En algunos episodios se suman acusaciones por abuso sexual, supresión de identidad, falsedad ideológica y otros delitos conexos.
La pena más alta fue solicitada para la principal acusada, Eva Petrona Pereyra, de 82 años, a quien el Ministerio Público Fiscal pidió condenar a 24 años de prisión. Para otros imputados, las solicitudes oscilan entre los 21 y los 4 años y medio de cárcel.
Además, el fiscal requirió el decomiso de 48 inmuebles ubicados en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, junto con 16 vehículos presuntamente utilizados para la comisión de los delitos o producto de ellos.
Durante el alegato, Gentili describió un esquema de “control absoluto” sobre las víctimas, basado en aislamiento, disciplina, vigilancia y castigos, que alcanzaba incluso a niños, niñas y adolescentes.
También señaló que existía control sobre la vida afectiva y sexual de las personas, con matrimonios impuestos, restricciones de vínculos y situaciones de abuso justificadas bajo supuestos rituales internos.
En el plano laboral, el fiscal afirmó que las víctimas eran obligadas a realizar tareas domésticas, panificación y trabajos de construcción en condiciones de hacinamiento, sin salario, sin descanso y con escasa alimentación y atención médica.
El juicio continúa con más de 200 testigos ya declarados y se espera la próxima instancia de alegatos de las defensas, en una causa considerada de alta complejidad por su extensión temporal y el alcance territorial de la organización.
